Petro arremete contra la Corte Constitucional por frenar decreto de emergencia económica: “Ahora vendrán las consecuencias”

El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica. El mandatario advirtió que la medida agravará la crisis fiscal y acusó al alto tribunal de proteger los intereses de los sectores más ricos del país.

El presidente Gustavo Petro cuestionó este jueves la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por su Gobierno, una decisión adoptada por la Corte Constitucional mientras se estudia de fondo la legalidad de la medida (Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025). Según el jefe de Estado, el freno al decreto tendrá consecuencias negativas para la estabilidad fiscal y social del país.

La determinación del alto tribunal, aprobada con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, desató una fuerte reacción del mandatario, quien aseguró que la suspensión protege a los grandes patrimonios y traslada el costo de la crisis al resto de la sociedad.

“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor”, escribió Petro en su cuenta de X. Agregó que el Gobierno buscará impedir que el peso de la crisis recaiga sobre la ciudadanía y sostuvo que será la sociedad colombiana la que, con el tiempo, evalúe quién terminó pagando los efectos de estas decisiones.

El presidente también vinculó la situación fiscal con factores como la tasa de interés del Banco de la República y fenómenos de especulación financiera, señalando que el impacto real se evidenciará más adelante.

Benedetti: “No hay con qué pagar”

A las críticas se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien calificó la decisión de la Corte como un problema grave para las finanzas públicas. Según el funcionario, el decreto de emergencia fue una respuesta a la falta de recursos para cumplir obligaciones esenciales del Estado.

“Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a quienes tienen patrimonios entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho a que esto haya pasado”, afirmó Benedetti, al advertir que la Nación enfrenta serias dificultades para atender el pago de su deuda y compromisos vigentes.

Las razones del Gobierno para declarar la emergencia

El Ejecutivo justificó la declaratoria de emergencia económica en una “coyuntura fiscal excepcional”, agravada por hechos concurrentes que, según el decreto, ponen en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. Entre los argumentos expuestos se encuentran:

• El cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud.
• El deterioro del orden público y la necesidad de reforzar la seguridad.
• El hundimiento en el Congreso de los proyectos de ley de financiamiento (reforma tributaria).
• Los desastres naturales derivados de la actual ola invernal.
• Sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago.
• Obligaciones legales y contractuales atrasadas.
• El agotamiento de las alternativas de endeudamiento bajo la Regla Fiscal y restricciones derivadas de decisiones del Gobierno de Estados Unidos.
• Limitaciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.

En el texto del decreto, el Gobierno advierte que existe una “incapacidad material y jurídica” para garantizar de forma continua y suficiente ciertos derechos y servicios, debido al deterioro extraordinario de las finanzas públicas.

Mientras la Corte Constitucional avanza en el estudio de fondo del decreto, el pulso entre el Gobierno y el alto tribunal abre un nuevo capítulo de tensión institucional, con la crisis fiscal como telón de fondo y un debate que promete escalar en el escenario político nacional.