Guatemala ordena captura de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por caso Odebrecht; Colombia rechaza la medida

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), emitió una orden de captura internacional contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como contra Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación.

Según informó el Ministerio Público guatemalteco, ambos funcionarios colombianos están señalados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en relación con el caso Odebrecht. La Fiscalía también confirmó que se solicitó la difusión de una alerta roja a Interpol para que puedan ser detenidos en cualquier país.

“El juez ordenó la difusión de alerta a Interpol para que dichas personas puedan ser aprehendidas en cualquier país”, declaró Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, quien ha sido sancionado por organismos internacionales y figura en la lista Engel de EE.UU. como actor corrupto y antidemocrático.

Curruchiche acusó a Velásquez de haber liderado una “estructura criminal” que habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht, provocando pérdidas al Estado guatemalteco por más de 3.000 millones de quetzales (aproximadamente 380 millones de dólares).

Reacción de Iván Velásquez

Desde Roma, el exministro de Defensa colombiano respondió con contundencia a la orden en su contra. En su cuenta de X (antes Twitter), calificó la medida como parte de una persecución política impulsada por una fiscalía corrupta.

“Ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por EE.UU. y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio”, escribió.

Velásquez rememoró que hace diez años, junto con la FECI y la CICIG, se impulsó una cruzada anticorrupción en Guatemala. Según él, esa lucha despertó represalias de sectores retardatarios que hoy utilizan el aparato judicial para perseguir a quienes lideraron ese proceso.

Colombia condena la decisión

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó enérgicamente la orden de captura emitida desde Guatemala. A través de un comunicado, la Cancillería calificó la medida como “un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional” y advirtió que carece de sustento jurídico.

“La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”, señaló el comunicado oficial.

Además, la Cancillería expresó su preocupación por lo que considera una instrumentalización del sistema judicial con fines políticos. “Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales”, concluyó el Gobierno colombiano.

Controversia internacional

El fiscal Rafael Curruchiche, quien encabeza la investigación, ha sido blanco de críticas y sanciones por parte de diversas entidades internacionales. Estados Unidos lo incluyó en la lista Engel por su participación en actos de corrupción y socavamiento de la democracia. También ha sido señalado por la Unión Europea, la ONU, la OEA y el gobierno de Canadá.

El caso amenaza con escalar en el plano diplomático y reaviva el debate sobre el uso político del aparato judicial en Guatemala, en medio de denuncias de persecución a fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.

La comunidad internacional, así como organismos multilaterales, siguen de cerca el desarrollo de esta controversia, que marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre la justicia y la política en América Latina.