Artistas, periodistas y colectivos culturales rechazan la decisión de retirar más de 30 piezas sobre memoria política, feminismo y diversidad sexual. La polémica también llegará al Congreso, donde la ministra de Cultura será citada a control político.
Las protestas frente al Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, completaron dos días consecutivos en rechazo al retiro de más de 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas, los movimientos políticos y la historia reciente del país. La decisión desató cuestionamientos por presunta censura y abrió un nuevo frente de controversia sobre la memoria histórica, la pluralidad y el papel de las instituciones culturales.
Las piezas fueron desmontadas de las salas Hacer sociedad, Memoria y Nación y Fuerza, fe y sustancia, y permanecen en las reservas del museo, según la información conocida sobre el caso.
Entre los elementos retirados figuran un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19; un impreso de 1986 de la Unión Patriótica que promovía la candidatura presidencial de Jaime Pardo Leal; afiches relacionados con Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, y la obra Minería, del artista Antonio Caro.
También salieron de exhibición el denominado Balígrafo, elaborado con un casquillo de bala y utilizado para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, y el tarjetón de la Séptima Papeleta, símbolo del movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
En el ámbito de la memoria LGBTIQ+, fueron retiradas una fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti, correspondiente a la Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT de 2004, y la cartilla Cuerpos en prisión, mentes en acción, publicada en 2015.
La decisión también afectó piezas vinculadas con las reivindicaciones feministas, entre ellas un afiche de la Casa de la Mujer de 1989, relacionado con la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, y el manifiesto del Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Cali en 1978, que reclamaba derechos relacionados con la anticoncepción, el aborto y el fin de la esterilización forzada.
Ministra de Cultura, citada a control político
La controversia también llegará al Congreso. La senadora Jennifer Pedraza anunció que promoverá un debate de control político a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, para que responda por las decisiones adoptadas en el sector.
Pedraza cuestionó la gestión de la funcionaria por lo que considera censura, presuntas inconsistencias en su hoja de vida, nombramientos que, según afirmó, no cumplirían los requisitos exigidos y convocatorias suspendidas. “La ministra le debe muchas respuestas al país”, manifestó la congresista.
La polémica se intensificó después de que el retiro de las piezas fuera asociado con el rechazo a lo que se calificó como una supuesta “oda al terrorismo”, expresión que alimentó las críticas sobre los criterios utilizados para decidir qué contenidos deben permanecer en las salas del museo.
Colectivos culturales alertan sobre un retroceso en derechos
Mientras continúan las manifestaciones, artistas, periodistas, intelectuales y trabajadores de la cultura adelantan una recolección de firmas para rechazar lo que describen como una ofensiva del Gobierno contra la Constitución de 1991 y la diversidad de ideas, creencias y expresiones culturales.
Los colectivos advierten que las decisiones oficiales podrían representar un retroceso en los derechos conquistados por las mujeres, las comunidades indígenas y afrodescendientes y la población LGBTIQ+.
Asimismo, cuestionan que funcionarios públicos utilicen declaraciones y canales institucionales para promover sus convicciones religiosas como orientaciones de política estatal. A su juicio, esa conducta puede derivar en formas de adoctrinamiento político y religioso incompatibles con los principios de pluralidad de una democracia.
Entre sus exigencias está la protección del carácter laico de la educación y el respeto por la diversidad de ideas, creencias y credos, especialmente en las actuaciones de los ministerios de Educación y de las Culturas, las Artes y los Saberes.
También solicitaron suspender las actividades de formación moral financiadas con recursos públicos que, según denunciaron, habría impulsado el recién nombrado director del Instituto Caro y Cuervo. Los firmantes sostienen que las convicciones personales de sus directivos no deben desviar la misión científica y cultural de esa entidad, dedicada a la investigación de la lengua y a la salvaguardia del patrimonio lingüístico y literario colombiano.
La permanencia de las protestas y el anuncio del debate de control político mantienen abierto el cuestionamiento sobre el retiro de las piezas. El caso plantea interrogantes sobre los criterios curatoriales, la preservación de la memoria histórica y las garantías para que las instituciones culturales representen la diversidad política y social de Colombia.
