Cañaverales alza la voz: comunidad se opone a mina de carbón que amenaza su manantial y su territorio

La Guajira, Colombia. En el corazón del corregimiento de Cañaverales, al sur del departamento de La Guajira, crece una resistencia silenciosa pero firme frente al avance del proyecto ‘Mina Cañaverales’, impulsado por la empresa Best Coal Company, filial de la multinacional turca Yildirim Holding. La comunidad, mayoritariamente afrodescendiente y organizada en el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, denuncia que su territorio —de vocación agrícola y espiritual— está en riesgo por la explotación de más de siete millones de toneladas de carbón proyectada para los próximos diez años.

El proyecto se encuentra ubicado dentro de una zona de reserva forestal protectora y, según la comunidad, a menos de dos kilómetros del manantial que provee de agua a la población. “No somos una zona de sacrificio. Somos un territorio con historia, con dignidad y con derecho a decidir sobre nuestro futuro”, afirman con contundencia.

Más allá de los impactos ambientales —que incluyen la posible contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y afectaciones a un ecosistema declarado Área de Protección Ambiental (APA)—, la comunidad denuncia la falta de consulta previa, libre e informada, exigida por la legislación nacional e internacional para proteger a las comunidades étnicas.

“Esto no es solo una mina, es nuestra agua, nuestra agricultura, nuestros ancestros y nuestro futuro”, expresa Luna Gámez, joven lideresa local, quien representa a una nueva generación comprometida con la defensa de su territorio.

La situación ha generado temor, pero también cohesión. “Desde que supimos que podía llegar la mina, la vida cambió. Hay ansiedad, hay tristeza. Pero también hay unión. Aquí no estamos dormidos. Estamos organizados y dispuestos a hacer respetar nuestros derechos”, sostiene Orangel Moya Ariza, integrante del consejo comunitario.

La tensión se concentra ahora en la Audiencia Pública Ambiental convocada para el próximo 14 de junio por Corpoguajira, la autoridad ambiental del departamento. Esta audiencia será, para muchos, un momento decisivo. Más que un requisito técnico, la comunidad la ve como una oportunidad histórica para ser escuchada y para dejar constancia de su oposición frente a lo que consideran un modelo extractivo desigual.

Pero no todo es optimismo. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han advertido sobre posibles irregularidades en la convocatoria y garantías del proceso. La comunidad, por su parte, ha solicitado la presencia de observadores independientes y exige transparencia. “Esta audiencia no puede ser una fachada para legitimar una decisión tomada. Pedimos que se escuche realmente a la comunidad y se respeten nuestras decisiones. Sin consulta previa, no puede haber licencia social ni ambiental”, afirma Geania Gámez, otra de las voceras.

El caso ha comenzado a resonar más allá de las fronteras del corregimiento. Los habitantes de Cañaverales lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía, a los medios, al gobierno y a la comunidad internacional para acompañar el proceso y exigir garantías reales de participación y respeto por los derechos fundamentales.

“No estamos en contra del desarrollo, pero no existe desarrollo cuando se atenta contra la madre naturaleza y se destruye la base misma de nuestra existencia. Nosotros ya vivimos una transición: sembramos, cuidamos el agua, producimos vida. Lo que pedimos es justicia”, concluye Oscar Gámez Ariza.

Mientras el reloj avanza hacia la audiencia del 14 de junio, Cañaverales permanece en vigilia, decidida a defender el agua, el territorio y la vida misma.