Tratado histórico para salvar la biodiversidad marina entra en vigor

Tras casi dos décadas de negociaciones, entró en vigor el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales y el lecho marino, un hito en la gobernanza global de los océanos que compromete a más de 80 países y busca frenar la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

Un acuerdo internacional sin precedentes para la protección de la vida marina en aguas internacionales comenzará a regir este sábado, marcando un punto de inflexión en los esfuerzos globales por garantizar la salud de los océanos a largo plazo.

Conocido oficialmente como el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), el tratado de las Naciones Unidas es el primer instrumento jurídicamente vinculante que establece reglas claras para la gobernanza de la alta mar y del lecho marino internacional, zonas que no pertenecen a ningún Estado.

Estas áreas representan más de dos tercios de la superficie oceánica y más del 90 % del hábitat del planeta en volumen, lo que convierte al acuerdo en una pieza clave para la sostenibilidad ambiental global. Su objetivo central es transformar la alta mar en un entorno gestionado de manera sostenible, en beneficio de toda la humanidad.

El tratado introduce, además, un enfoque innovador de gobernanza oceánica inclusiva, al incorporar disposiciones sobre la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como criterios de igualdad de género, un aspecto inédito en la normativa internacional sobre los océanos.

Una vez plenamente implementado, el acuerdo está llamado a desempeñar un papel decisivo frente a la denominada “triple crisis planetaria”: el cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la contaminación de los ecosistemas marinos.

El el diplomático tanzano Mzee Ali Haji, quien lideró el equipo negociador de su país, indicó el alcance del nuevo marco jurídico: “Ahora existe control sobre la actividad en la alta mar. Quien contamine será responsable de sus actos”.

El tratado refuerza y complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor desde 1994 y considerada la “constitución de los océanos”. Al mismo tiempo, llena vacíos normativos, detalla mecanismos de gestión de la biodiversidad y alinea la gobernanza marina con desafíos contemporáneos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La entrada en vigor se produce tras alcanzar el umbral de 60 ratificaciones, 120 días después de cumplido ese requisito. Hasta la fecha, más de 80 países han ratificado el acuerdo, entre ellos China, Alemania, Japón, Francia y Brasil, lo que lo convierte en jurídicamente vinculante para esos Estados, que deberán incorporarlo a sus legislaciones nacionales.

China, en particular, tiene un peso determinante en la economía oceánica global: en 2023 exportó 155.000 millones de dólares en bienes relacionados con el océano —como construcción naval, acuicultura, pesca y energía marina—, según datos de la agencia de comercio de la ONU.

Sin embargo, varias economías clave aún no han completado el proceso de ratificación. Estados Unidos, pese a haber adoptado el tratado en 2023, sigue a la espera de la aprobación del Senado. India, que lo adoptó en 2024, no ha finalizado la legislación interna necesaria. En el Reino Unido, el Parlamento aún debe ratificarlo, mientras que Rusia no lo ha adoptado ni ratificado, alegando la defensa de los marcos actuales de gobernanza y la libertad de navegación en aguas internacionales.

A pesar de estas reticencias, Haji se muestra optimista: “Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares necesitan apoyo. Este acuerdo les ayudará. La protección de la alta mar es responsabilidad de todos”.

El tratado mantiene abierta la puerta para nuevas ratificaciones, lo que fortalecería su eficacia. “No se logra que el 100 % se sume de inmediato. Algunos observan y, cuando ven las ventajas, se unen”, señaló el diplomático.

Más allá de la adhesión universal, el desafío clave será la implementación efectiva y la capacidad de actuar contra quienes incumplan las normas. Según el propio texto, la primera reunión de las partes, encargada de supervisar avances y cumplimiento, deberá celebrarse a más tardar un año después de la entrada en vigor del acuerdo.