Procuraduría cita a la Alcaldía de Bogotá por presunto daño urbanístico de $2 billones

El Ministerio Público convocó a una audiencia de conciliación por el proyecto habitacional Tierra de Gracia, en Ciudad Bolívar. El caso involucra a la Secretaría Distrital de Planeación y podría tener implicaciones judiciales y fiscales para el Distrito.

La Procuraduría General de la Nación citó para el próximo 21 de enero a la Alcaldía de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Planeación a una audiencia de conciliación por un presunto daño urbanístico y patrimonial estimado en $2 billones, relacionado con el proyecto Tierra de Gracia, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

La diligencia fue solicitada por el Grupo Malkenu, promotor del proyecto habitacional, que contemplaba la construcción de más de 70.000 viviendas de interés social (VIS). Según el denunciante, el detrimento patrimonial se habría originado por un fallo administrativo en la formulación y trámite del Plan Parcial “Ciudad Bolívar 75 – Azoteas”.

De acuerdo con la documentación presentada, el 9 de diciembre de 2021 el Grupo Malkenu radicó ante la Secretaría Distrital de Planeación la solicitud para desarrollar el plan parcial. La normativa vigente otorgaba a la administración 60 días hábiles para pronunciarse; de no hacerlo, la solicitud se entendería aprobada por silencio administrativo positivo.

Cumplido el plazo sin una notificación formal, los promotores aseguran que se configuró un acto administrativo mediante escritura pública, el cual fue comunicado a la Secretaría con el fin de continuar el procedimiento urbanístico. Sin embargo, Planeación Distrital sostiene que sí emitió una decisión, aunque esta habría sido enviada a un correo electrónico equivocado, lo que impidió que los solicitantes conocieran el pronunciamiento y actuaran oportunamente.

A esta situación se suma que, con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el suelo objeto del proyecto perdió la posibilidad de ser urbanizable para vivienda VIS, lo que, según el denunciante, agravó el perjuicio económico y urbanístico.

“No atienden razones, no escuchan el evidente fundamento legal y se niegan a reconocer el hecho objetivo de que hubo un error en el procedimiento de notificación. Con ello se le niega a la ciudad una alternativa para enfrentar el déficit de vivienda y a nosotros, como propietarios legítimos, el derecho a la libre empresa y al goce de la propiedad privada”, afirmó Eduardo Romano, representante legal del Grupo Malkenu.

Si en la audiencia de conciliación no se alcanza un acuerdo, el Distrito Capital podría enfrentar procesos judiciales, así como eventuales responsabilidades disciplinarias y presupuestales, en un caso que reabre el debate sobre la gestión urbanística, la seguridad jurídica de los proyectos de vivienda y el impacto del POT en el desarrollo urbano de Bogotá.