Catatumbo, un año bajo fuego: 100.000 desplazados y una crisis humanitaria sin freno

La violencia armada, el uso de drones explosivos y el control territorial de grupos ilegales mantienen a la región en emergencia. ONU alerta por decenas de muertos recientes y miles de familias atrapadas entre el miedo y el confinamiento.

Un año después de que la violencia se intensificara de manera drástica en el Catatumbo, la región continúa sumida en una de las crisis humanitarias más graves del conflicto armado colombiano. Desde enero de 2025, cerca de 100.000 personas —la mitad de la población— han sido desplazadas, mientras más de un centenar ha perdido la vida en medio de enfrentamientos entre grupos armados no estatales, ataques con drones y disputas por el control de economías ilícitas en esta zona fronteriza con Venezuela.

La situación se ha agravado en las últimas semanas. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), los combates dejaron más de 60 personas muertas en la última semana, además de nuevos desplazamientos, confinamientos forzados y severas restricciones a la movilidad. Miles de civiles enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, alimentos y atención médica.

Durante la presentación de un informe conjunto de la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Yudith García, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de Cúcuta, alertó sobre el impacto creciente de los ataques con drones. “Están siendo ignorados. Afectan la salud, las viviendas y los cultivos de los campesinos. Lejos de disminuir, van en aumento”, advirtió.

El documento califica la coyuntura como “una de las más graves en la historia del conflicto armado colombiano”. La Alcaldía de Cúcuta reportó la llegada de 2.048 personas desplazadas desde el 22 de diciembre, cifra que podría aumentar en los próximos días. Habitantes de la región señalan, además, que numerosas familias han huido hacia Ocaña. Solo a comienzos de 2025, más de 60.000 personas fueron desplazadas por combates y asesinatos selectivos.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 11 personas han resultado heridas y nueve han muerto por explosivos lanzados desde drones, una práctica que ha elevado de forma crítica el riesgo para la población civil, acusada por los actores armados de colaborar con el bando contrario.

Miles de familias atrapadas

La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, la colombiana Paula Gaviria Betancur, describió el escenario como un “drama prolongado”. “Es necesario reflexionar y actuar cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33”, señaló. Recordó que en marzo de 2025, junto con otros relatores, envió una comunicación al Gobierno colombiano y a los grupos armados alertando sobre la crisis. Un año después, dijo, “miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo”.

Gaviria instó a reforzar la prevención, priorizar la protección de las víctimas y garantizar soluciones duraderas para la población desplazada como pasos mínimos para atender la emergencia en esta región.

Desde las organizaciones sociales, las alertas se multiplican. “Nosotros ponemos los muertos. El año pasado hubo 137 líderes sociales asesinados”, denunció Jaime Botero, presidente de Asojuntas, quien pidió a las autoridades escuchar y acoger las propuestas de las comunidades y liderazgos locales.

OCHA advierte que las familias desplazadas y confinadas viven bajo miedo constante, expuestas a explosiones, violencia selectiva y restricciones impuestas por los grupos armados. Los daños a la infraestructura han profundizado la inseguridad alimentaria y dejado a miles de niños y niñas fuera del sistema educativo. A esto se suma una financiación humanitaria insuficiente, que empuja a las comunidades a estrategias de supervivencia cada vez más riesgosas.

El conflicto se recrudeció el 16 de enero de 2025, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control territorial. Como respuesta, el Ejército Nacional informó el despliegue de más de 11.200 soldados en el marco de la Operación Catatumbo, mientras la población civil sigue esperando una salida efectiva a una crisis que no da tregua.