El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, considerado del sector más conservador de la Corte Constitucional, presentó una ponencia que propone declarar inexequible la reforma pensional del Gobierno Petro. Según su análisis, el Congreso no corrigió los vicios de trámite señalados por el alto tribunal y volvió a aprobar el mismo texto del Senado sin un debate real.
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La reforma pensional, una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta un nuevo obstáculo en la Corte Constitucional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, autor de la ponencia de constitucionalidad, propuso declarar inexequible la norma al considerar que el Congreso no subsanó el vicio de trámite que motivó su devolución en junio pasado.
De acuerdo con fuentes del alto tribunal, el documento de 83 páginas sostiene que durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Representantes —realizadas el 27 y 28 de junio— no se corrigió el defecto procedimental identificado previamente por la Corte. Este vicio fue la razón por la cual la ley fue devuelta al Congreso el 17 de junio, con el fin de que se efectuara un nuevo debate que cumpliera con los requisitos constitucionales.
Sin embargo, según la ponencia de Ibáñez, el Congreso no acató la orden del alto tribunal. En lugar de realizar una deliberación sustancial del articulado, la Cámara optó por acoger nuevamente el texto aprobado por el Senado, sin modificaciones ni discusión suficiente.
Además, el magistrado advierte que persisten dudas sobre la validez del quórum con el que se aprobó el orden del día en la sesión del 28 de junio, un aspecto que podría comprometer la legitimidad de toda la votación. Este señalamiento se suma a los cuestionamientos que ya se habían hecho sobre la legalidad del procedimiento legislativo.
La ponencia de Ibáñez —que aún es un borrador preliminar— será sometida a debate en la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde los demás magistrados decidirán si acogen o no su propuesta de tumbar la reforma.
Mientras tanto, el trámite judicial continúa. Se espera que en los próximos días la Corte se pronuncie sobre el auto de recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue señalado por la senadora Paloma Valencia de estar impedido para participar en el caso, debido a supuestos contratos previos con Colpensiones relacionados con la misma ley.
La decisión final de la Corte será clave para el futuro de la reforma pensional, considerada una de las apuestas más ambiciosas del gobierno Petro para fortalecer el sistema público de ahorro y protección a los adultos mayores. Si la Corte acoge la ponencia de Ibáñez y declara inexequible la norma, el Congreso tendría que reiniciar el trámite desde cero, representando un duro golpe político y legislativo para el Ejecutivo.
Por ahora, el país permanece a la espera del pronunciamiento definitivo del alto tribunal, mientras el debate sobre la legalidad del proceso legislativo y la viabilidad del modelo pensional propuesto por el Gobierno sigue polarizando a los distintos sectores políticos y sociales.