En insólitas declaraciones, la alcaldesa Claudia López responsabilizó al petrismo y al uribismo de la violencia en las protestas. Se suma a la lista de gobernantes que pretenden descargar su deficiente accionar sobre los hombros de otros. En los últimos seis años, Bogotá ha dejado atrás su política de convertirse en la Capital de los Derechos para convertirse en la concentración de exclusión más grande del país. El viraje hacia una sociedad más equilibrada y conviviente en lo social y humano de los gobiernos alternativos desde 2004 no solo se frenó en seco con Enrique Peñaloza, sino que retrocedió con Claudia López.
Las cifras del DANE dan escalofrío y reflejan el mal manejo social de la pandemia en Bogotá. Durante el solo año de 2020, el número de personas por debajo de la línea de la pobreza aumentó en 1’110.734, aportando casi una tercera parte al incremento de la pobreza en todo el país que fue de 3’551.522 personas. La excusa es que la pandemia dio al traste con los logros de disminución de pobreza de los últimos 10 años, pero en Bogotá fue peor, ya que aportó el 31,3 % del aumento de la pobreza cuando representa apenas el 15,4 % de la población total.
¿Qué paso? Lo respondió la misma alcaldesa en un mea culpa tardío que todavía no registra voluntad de enmienda. Cuando salieron las cifras de pobreza, pidió perdón a los jóvenes “por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”, mientras todos vimos las barriadas populares y no pocos barrios de clase media repletos de los trapos rojos que gritaban ¡hambre!
Otra cara de la pobreza es el colapso de la clase media. No se implantó una política de compensación social por los rigores impuestos a los sectores más vulnerables con las cuarentenas y restricciones que afectaron casi que exclusivamente a los pequeños comercios, bares, restaurantes y microempresas informales de los cuales viven al día un alto porcentaje de bogotanos. Ningún vulnerable cupo dentro de las excepciones al confinamiento, pero tampoco recibió la mano amiga de la ciudad que solo tenía que hacer unos traslados presupuestales para aliviar el hambre física del 32 % de hogares que registró una encuesta de la Cámara de Comercio.
El presupuesto de Bogotá tiene los recursos suficientes para completar el limitado Ingreso Solidario decretado por el Gobierno nacional. Hizo falta una renta mínima de emergencia de amplia cobertura que un verdadero gobierno alternativo habría implementado. Así se habría evitado la hecatombe social que las frías cifras expresan sin el dolor pero con la contundencia de su elevada incidencia.
Las mismas estadísticas del DANE confirman que las medidas de compensación social de Bogotá estuvieron dentro de las cuatro más mezquinas de todas las ciudades capitales. El esfuerzo fiscal de ambos niveles de gobierno —el nacional y el distrital— fue mínimo, mientras que la indiferencia, primero, y la represión, después, fueron máximas, frente al impacto social de las medidas restrictivas por ambos promovidas. Para encontrar a los responsables que “incendiaron” a Bogotá y al país, alcaldesa y presidente, solo tienen que mirarse al espejo.