Superintendencia multa con $5.581 millones al operador del botadero Doña Juana

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios multó con $5.581 millones al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. (CGR), al finalizar dos investigaciones administrativas que adelantaba contra el prestador por incumplimiento del Plan de Emergencia y Contingencia para el año 2017.

Así mismo, la Superintendencia multó a CGR por fallas graves en la prestación del servicio de aseo en la actividad de disposición final, lo que ha generado serias afectaciones en la salud y la calidad de vida de las miles de familias que viven en las inmediaciones de este sitio de disposición final.

En ejercicio de su función de control, la Superintendencia impuso $5.031.566.796 por fallas en la prestación del servicio de aseo sobre la actividad de disposición final, derivadas del incumplimiento de varias especificaciones técnicas previstas en la normatividad aplicable.

Esta sanción se desprende de una investigación iniciada en diciembre de 2017, la cual cumplió con todas las etapas procesales. No obstante, es importante señalar que, durante las últimas semanas, la Contraloría le había puesto la lupa al tema y había solicitado que geólogos analizaran las circunstancias del lugar en donde hace no más de un mes se presentó un deslizamiento de basura.

Plan de emergencia

La otra sanción fue por $550.382.481, pues el operador no contaba con un Plan de Emergencia y Contingencia ajustado a la normatividad, lo cual puso en riesgo la prestación eficiente del servicio público de aseo y los derechos de los usuarios frente a situaciones de materialización de emergencias.  

A este respecto, la superintendente, Natasha Avendaño García, aseguró que “estas sanciones son el resultado de investigaciones adelantadas luego de surtirse todo el procedimiento administrativo sancionatorio que señala la ley y respetando el debido proceso”.

“En la Superintendencia estamos comprometidos con el cumplimiento de las normas legales y técnicas para el manejo de este relleno sanitario, las consecuencias sobre el medio ambiente y la garantía de los derechos de los usuarios, en este caso, representados por las comunidades aledañas al sitio”.  

Estas dos actuaciones administrativas se fundamentaron en los hallazgos encontrados durante las visitas técnicas realizadas por la Superservicios entre agosto de 2016 y septiembre de 2017, en las que se evidenciaron incumplimientos en el cubrimiento diario de residuos, la recolección y tratamiento de lixiviados, el control de insectos, roedores y otros vectores.

Adicionalmente, hubo hallazgos frente a una serie de restricciones en el tránsito de vehículos, especialmente en temporada de lluvias, además de una inadecuada gestión en la disposición final de residuos de construcción y demolición, entre otras fallas.  

Actualmente, la Superintendencia adoptó un plan de acción para monitoreo continuo a la emergencia registrada el pasado 28 de abril por el desplazamiento de residuos, por su parte, avanza con el trámite de otras dos investigaciones iniciadas en años anteriores por fallas en el servicio e incumplimiento de un Acuerdo de Gestión suscrito con el operador del relleno sanitario.  

Sanciones anteriores

En años anteriores, la Superintendencia había impuesto dos sanciones por valor superior a $1.130 millones por fallas en la prestación del servicio. Una en 2017 por valor de $1.060,8 millones por incumplimiento a especificaciones técnicas de cobertura de residuos y manejo de lixiviados en la zona del derrumbe del 2 de octubre de 2015. Otra, en 2012, por valor de $70 millones por fallas en la disposición final de residuos.

Por su parte, de acuerdo con CGR el Gobierno de la ciudad está cometiendo gravísimos errores en el manejo de las basuras que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de sus habitantes y por esa razón, la firma de la Espriella Lawyers Enterprise, en representación del operador, ha puesto en marcha una serie de contundentes acciones legales para hacerle frente a la crisis desatada por la arbitrariedad de la Administración capitalina.

Mayo 14 de 2020