Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de despojar al orden jurídico global de sus últimas protecciones para las naciones menos privilegiadas.
Por Gustavo Petro**
Durante los últimos 600 días, el mundo ha observado a Benjamin Netanyahu liderar una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono temerario del derecho internacional en general.
Gobiernos como el mío no pueden permitirse permanecer pasivos. En septiembre de 2024, cuando votamos a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, asumimos obligaciones concretas: investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelamiento de activos y cese de importaciones y suministro de armas. Esa resolución fijó un plazo de 12 meses para que Israel “ponga fin sin demora a su presencia ilegal”. Ciento veinticuatro estados votaron a favor, incluida Colombia. El reloj ya está corriendo.
Sin embargo, mientras tanto, demasiados estados han permitido que sus cálculos estratégicos se impongan sobre su deber. Aunque podamos enfrentar amenazas de represalia al defender el derecho internacional —como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos tomó represalias por su caso ante la Corte Internacional de Justicia—, las consecuencias de abandonar nuestras responsabilidades serán nefastas. Si no actuamos ahora, no solo traicionamos al pueblo palestino, sino que nos volvemos cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu.
Algunos gobiernos ya han dado un paso al frente. Mi gobierno, por ejemplo, suspendió las exportaciones de carbón a Israel, reconociendo que los vínculos económicos no pueden desligarse de las responsabilidades morales. Sudáfrica, por su parte, ha llevado a Israel ante el tribunal más alto del mundo. Y Malasia ha prohibido que buques de carga con bandera israelí atraquen en sus puertos. Sin acciones decisivas como estas, corremos el riesgo de convertir el sistema multilateral en una tribuna vacía, despojando al orden legal de las protecciones que aún quedan para las naciones pequeñas, en desarrollo y menos privilegiadas —desde Asia Occidental hasta nuestra América Latina.

La próxima prueba para la comunidad internacional está a la vuelta de la esquina. El 15 de julio, mi gobierno, junto con Sudáfrica —copresidentes del Grupo de La Haya—, convocará una conferencia de emergencia sobre Gaza, haciendo un llamado a ministros de todos los estados del mundo para deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional. Nuestro objetivo es simple: introducir medidas legales, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel —y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley.
La invitación está abierta y es urgente. El aplazamiento indefinido de la Conferencia Internacional propuesta por la ONU para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina, copresidida por Francia y Arabia Saudita, ha dejado un vacío crítico en el liderazgo multilateral, precisamente cuando más se necesita.
La ONU ha declarado a Gaza como el lugar más hambriento del planeta, y su misión de enviar ayuda a Gaza como “una de las más obstruidas… en la historia reciente”. En este contexto humanitario tan grave, la conferencia de emergencia de Bogotá convoca a los Estados a pasar de la condena a la acción colectiva. Al cortar nuestros lazos de complicidad —en tribunales, puertos y fábricas— podemos enfrentar la visión del mundo de Donald Trump y Netanyahu, donde “la fuerza hace el derecho”.
La elección ante nosotros es clara e implacable. Podemos mantenernos firmes en defensa de los principios jurídicos que buscan prevenir la guerra y el conflicto, o ver impotentes cómo el sistema internacional colapsa bajo el peso de la política de poder sin control. Seamos protagonistas juntos —no suplicantes por separado.
Para los miles de millones de personas en el sur global que dependen del derecho internacional para su protección, las apuestas no podrían ser más altas. El pueblo palestino merece justicia. El momento exige valentía. La historia nos juzgará con dureza si no respondemos a su llamado.
**Gustavo Petro es el presidente de Colombia
Fuente: The Guardian