EAAB detecta millonarias defraudaciones de agua en siete localidades de Bogotá

Bogotá- Durante operativos de inspección realizados en abril, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en conjunto con la Policía del Agua y con el apoyo de las alcaldías locales, identificó múltiples modalidades de defraudación de fluidos en establecimientos comerciales de siete localidades de la ciudad.

Las inspecciones se llevaron a cabo en Tunjuelito, Kennedy, Usaquén, Engativá, Fontibón, Los Mártires y Teusaquillo. Según informó la EAAB, se hallaron conexiones irregulares mediante las cuales se evadía el registro real del consumo de agua. Esta práctica permitió a algunos usuarios apropiarse de 38.028 metros cúbicos del recurso, cifra equivalente a un perjuicio económico de aproximadamente 1.215 millones de pesos.

La magnitud del agua hurtada habría sido suficiente para abastecer a más de 3.000 hogares de estrato 3 durante un mes. Entre los casos más representativos figuran un lavadero de carros, una fábrica de textiles y un motel ubicados en Kennedy, Engativá y Usaquén, respectivamente, los cuales utilizaban sistemas de bypass —mecanismo que permite desviar el flujo de agua sin que pase por el medidor—. Además, se detectaron cuatro predios adicionales con esquemas similares de defraudación.

Como respuesta, la EAAB suspendió el servicio en cinco de estos establecimientos y, en coordinación con la Policía Nacional, procedió al sellamiento de dos más. Asimismo, el equipo técnico de la empresa retiró 23 medidores presuntamente alterados: 20 de ellos localizados en el barrio San Benito, en Tunjuelito, sector conocido por su actividad curtidora; dos en moteles de Fontibón y uno más en un lavadero de carros en Usaquén.

Frente a estos hallazgos, la Empresa de Acueducto anunció que iniciará los procesos administrativos y penales correspondientes para recuperar los recursos defraudados. Igualmente, reiteró su compromiso de continuar con los controles en toda la ciudad e hizo un llamado a los comerciantes para abstenerse de implementar prácticas fraudulentas que, además de constituir un delito, acarrean sanciones administrativas y judiciales.