Entre el año 2018 y primer trimestre de 2019, se recibieron 20.814 quejas relacionadas con el servicio del transporte público, es decir unas 28 quejas diarias, las cuales, el 40% hace referencia a frecuencias, 23% comportamiento de conductores y 22% sobre omisión de paradas, y el restante 15% corresponde a accidentalidad y forma de conducción

El Concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, mostró su preocupación frente a estas cifras, aseguró que los entes de control informan que no se registra aún una mejora en la calidad de la prestación del servicio, el cual es uno de los principales objetivos de la firma del otrosí con los concesionarios.

«El primer indicador de Evaluación Integral Trimestral de la Calidad del 2020 ha sido desfavorable para los concesionarios, puesto que los operadores Suma, Consorcio Express, GMóvil, Este es mi Bus y Masivo Capital, quedaron con bajos indicadores de desempeño y baja calificación con D y E, es decir, deficiente e inaceptable.» aseguró.

Incluso varios operadores no aceptaron y se les adelantó el proceso para la imposición de multas por incumplimiento operativo.

«Y si de la evaluación de los resultados con respecto a las obligaciones contraídas en el otrosí se afecta el valor a pagar o la remuneración del concesionario, la Secretaría debe aclarar ¿Por qué se presenta un aumento importante de las remuneraciones en 2019? y ¿Por qué durante los nueve primeros meses de 2020, se remuneró en $1,36 billones a los concesionarios, cifra que implica un aumento nominal del 2,5%, con respecto a la alcanzada con el mismo corte de 2019?», manifestó el Cabildante.

El Concejal también encendió las alertas por el estado actual del SITP Provisional y en específico por el proceso de chatarrización. Pues actualmente, el sistema provisional opera a través de 53 empresas afiliadoras que operan 133 rutas, con 4.129 buses y 4.194 conductores. El SITP provisional tiene autorización para operar sólo hasta diciembre de 2021 y el problema o la preocupación radica en la forma en que se llevará a cabo el desmonte de este sin que haya afectación de los propietarios de vehículos.

Samir Abisambra

«Aún es incierto si podrán obtener una ayuda económica estatal, que les permita seguir operando y obtener el sustento para sus familias, mientras es adquirido y pagado el vehículo, lo cual puede extenderse hasta diciembre de 2021. Ante la crisis económica que atraviesa el SITP provisional ocasionado por la pandemia, y ante las solicitudes que han presentado ante la administración, requiriendo destinar recursos para que a manera de auxilio les permita subsanar su situación económica. ¿Cuál ha sido la gestión de la Secretaría de Movilidad para responder a la petición de fondo de auxilio o ayuda económica directa para los propietarios y empresas del SITP provisional?», cuestionó Abisambra.

Ante este panorama incierto del sistema provisional es relevante mencionar que:

El SITP provisional registró 340.655.204 de validaciones en 2019, mueve un 32,64% del total de los pasajeros al interior del sistema, cifra que es alta de cara al futuro desmonte.

Mientras que los concesionarios del SITP tienen garantizados sus ingresos, el SITP provisional no tiene esa garantía ni amparo. Para la Personería el auxilio del FET cobija al transporte público en su totalidad de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo artículo 33 sobre sostenibilidad del sistema de transporte y el decreto distrital 383 de 209 que regula el FET.

En caso de no poder apelar al FET como mecanismo de ayuda económica para rescatar al SITP Provisional, es necesario que la administración explore mecanismos jurídicos que permitan dar continuidad al SITP Provisional, exploración que no se ha dado hasta el momento.

En este aspecto, ¿Cuáles han sido las acciones adelantadas por movilidad y Transmilenio con los operadores para acelerar el proceso de chatarrización?

«Ante esta situación, ¿La Secretaría de Movilidad ha revisado los precios del decreto 068 de 2019 para no ocasionar un perjuicio económico a los propietarios? Esta revisión es importante, toda vez que en este año se espera el desmonte de 3.700 buses en su mayoría por proceso de chatarrización, en ese sentido, la Administración debe garantizar un pago justo«, concluyó el Concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra