La medida busca retirar progresivamente los cables en desuso, soterrar las redes activas y exigir que los nuevos tendidos sean instalados bajo tierra.
El Concejo de Bogotá aprobó en segundo y último debate una iniciativa que busca poner fin al denominado “cablerío” que permanece en postes y fachadas de la ciudad, mediante el retiro progresivo de las redes en desuso y el soterramiento de aquellas que continúan prestando servicio.
La propuesta, presentada por el concejal Juan David Quintero e incorporada en el artículo 48 de la reforma tributaria, establece además que las nuevas instalaciones, ampliaciones, reemplazos y reubicaciones de redes deberán realizarse, en principio, mediante infraestructura subterránea.
El proyecto quedó a la espera de la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Una vez sea sancionado y promulgado, la Administración Distrital podrá avanzar en la implementación de las medidas.
Retiro de cables en desuso
Uno de los primeros objetivos será retirar los cables que ya no prestan ningún servicio y que permanecen instalados en postes y fachadas de diferentes sectores de Bogotá.
De acuerdo con los argumentos expuestos durante el debate, alrededor del 70 % de los cables instalados en los postes de la ciudad estaría en desuso, situación que contribuye a la acumulación de redes y al deterioro del espacio público.
La norma establece que los propietarios de estos cables deberán identificarlos, precisar su ubicación, presentar un plan de retiro y posteriormente desmontarlos. En caso de incumplimiento, el Distrito podrá efectuar directamente el retiro y cobrar los costos correspondientes.
Soterramiento será progresivo
Las redes que continúen funcionando no tendrán que ser retiradas de manera inmediata. La iniciativa plantea un proceso gradual de soterramiento, condicionado por la viabilidad técnica de cada sector y coordinado con las obras de infraestructura que adelante el Distrito.
De esta manera, el objetivo es trasladar progresivamente al subsuelo las redes existentes que todavía prestan servicio, mientras se evita que continúe aumentando la cantidad de cables instalados sobre los postes.
Para los nuevos tendidos, en cambio, la regla será que las instalaciones, ampliaciones, reemplazos y reubicaciones utilicen infraestructura subterránea.
La disposición contempla excepciones cuando existan razones técnicas, ambientales, urbanísticas o de seguridad debidamente justificadas.
Debate por los costos y las tarifas
La iniciativa también generó cuestionamientos relacionados con sus posibles efectos económicos. Enel Colombia envió una comunicación a los concejales en la que advirtió sobre eventuales impactos económicos derivados de la aplicación de las nuevas disposiciones.
Frente a estas advertencias, Quintero sostuvo que la medida no implica automáticamente un incremento en las tarifas de energía ni un traslado directo de los costos a los usuarios.
“Decir que esta norma va a triplicar las tarifas es falso”, afirmó el concejal durante el debate, al señalar que la iniciativa establece obligaciones progresivas para ordenar las redes, retirar los cables abandonados y evitar la instalación de nuevos tendidos aéreos.
Seguridad y alumbrado público
Durante la discusión también se expusieron cifras relacionadas con la infraestructura de alumbrado público y los riesgos asociados a las redes aéreas.
Según los datos presentados por Quintero, el 72,36 % de la red de alumbrado público de Bogotá continúa instalada de manera aérea.
A esto se suma el reporte de que 99 personas resultaron lesionadas en Bogotá durante 2025 por contacto con cables, un dato utilizado durante el debate para respaldar la necesidad de avanzar en la reorganización de las redes.
Quintero defendió la aprobación de la iniciativa como un cambio en la forma en que Bogotá administra y organiza su infraestructura de cableado.
“Los cables nuevos serán soterrados, los que están en uso deberán avanzar progresivamente al subsuelo y los que están en desuso deberán salir del espacio público”, sostuvo.
Con la aprobación en último debate, el Concejo de Bogotá dejó establecida la ruta para intervenir las redes existentes y regular las futuras instalaciones, aunque la aplicación de las medidas dependerá ahora de la sanción y posterior implementación por parte de la Administración Distrital.
