Álvaro Uribe condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal

Histórica decisión judicial convierte al exmandatario en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente

 

En un fallo sin precedentes para la historia judicial colombiana, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó este viernes al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión, en primera instancia, también contempla una multa de más de 3.444 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.

Uribe deberá cumplir la pena de 144 meses de detención en su finca de Llanogrande, en Rionegro (Antioquia). Aunque su defensa anunció que apelará la sentencia, la jueza ordenó la ejecución inmediata de la medida por considerar superados los requisitos de necesidad legal.

Durante la audiencia, realizada de forma virtual, la jueza Heredia cuestionó con dureza la filtración del fallo a los medios y criticó a los hijos del exmandatario por sus declaraciones públicas. Uribe, visiblemente molesto, calificó el señalamiento como un ataque injustificado a su familia.

El proceso judicial, calificado por analistas como el “juicio del siglo”, tiene su origen en las denuncias cruzadas entre Uribe e Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico. En 2012, Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos ilegales. El entonces expresidente respondió con una denuncia por calumnia, pero la Corte Suprema terminó detectando posibles maniobras para manipular testigos.

Según la jueza, Uribe —a través de su exabogado Diego Cadena— ofreció beneficios a testigos presos a cambio de declaraciones falsas que lo beneficiaran judicialmente. La magistrada concluyó que Uribe conocía y autorizó plenamente esas acciones, lo que desmiente la línea argumentativa de sus abogados actuales, quienes atribuyeron los hechos únicamente a Cadena.

La condena incluye también una sanción económica equivalente a 2.420 salarios mínimos y una inhabilidad política de 100 meses y 20 días, lo que significa que Uribe no podrá aspirar ni ejercer cargos públicos hasta bien entrada la próxima década.

Con este fallo, Álvaro Uribe se convierte en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente, marcando un hito en la lucha contra la impunidad y reforzando la independencia judicial en el país. El proceso continúa en segunda instancia, pero la señal enviada por la justicia ya ha sacudido el panorama político nacional.