La autoridad ambiental ordenó suspender el paso de maquinaria pesada y volquetas por el cauce, tras detectar irregularidades en actividades de extracción de materiales de arrastre.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso dos medidas preventivas para frenar actividades mineras no autorizadas en inmediaciones de la vereda Río Seco, en el municipio de Guaduas, donde se realizaban labores de extracción de arena, gravas y piedras del lecho del río.
Durante una visita de inspección, profesionales de las áreas técnica y jurídica de la Dirección Regional Bajo Magdalena evidenciaron incumplimientos de las obligaciones ambientales, entre ellos la construcción de una vía sobre el cauce del río y la falta de notificación previa a la Corporación sobre el ingreso y transporte de maquinaria pesada hacia la zona.
Ante los hallazgos, la CAR ordenó la suspensión inmediata de las actividades no autorizadas y del tránsito de maquinaria pesada y volquetas por el cauce del río Seco, con el propósito de prevenir afectaciones al recurso hídrico, alterar la dinámica natural del río y proteger los ecosistemas asociados.
CAR advierte sobre riesgos ambientales
La directora regional Bajo Magdalena, Karina Garzón, señaló que las medidas de control cobran especial importancia ante las condiciones climáticas y las altas temperaturas que pueden aumentar la presión sobre los ecosistemas.
“Estamos viviendo una de las temporadas más críticas y secas de los últimos meses. Desde la CAR hemos advertido sobre la llegada del fenómeno de El Niño y los efectos que las altas temperaturas generan sobre nuestros ecosistemas”, afirmó la funcionaria.
Garzón también recordó que contar con una licencia ambiental no significa tener autorización para ocasionar daños a los recursos naturales. Las actividades deben desarrollarse bajo las condiciones establecidas en los permisos y cumplir las obligaciones ambientales correspondientes.
La Corporación anunció que continuará con las labores de seguimiento, vigilancia y control en su jurisdicción para verificar el cumplimiento de la normativa y proteger los recursos naturales estratégicos para las comunidades del Bajo Magdalena.
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