El Gobierno reducirá de 30 a 15 días el tiempo para bloquear líneas telefónicas vinculadas con extorsiones desde las cárceles y busca llevarlo posteriormente a ocho días.
El Gobierno nacional anunció ajustes al protocolo para bloquear con mayor rapidez las líneas telefónicas y equipos utilizados en extorsiones y otras actividades delictivas desde establecimientos penitenciarios.
La medida busca reducir de 30 a 15 días el tiempo que actualmente puede tardar el proceso de identificación y bloqueo de una línea reportada como utilizada para cometer extorsiones, con la meta de disminuir posteriormente ese plazo a ocho días.
El anuncio fue realizado durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino González; la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Alexandra Falla, y el director general del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez.
Gobierno busca reducir las extorsiones desde las cárceles
El ministro de Justicia señaló que la meta es llevar a cero las llamadas extorsivas originadas desde los establecimientos penitenciarios. Según cifras preliminares presentadas durante el debate, estas comunicaciones representan actualmente cerca del 17 % del total de llamadas de extorsión.
Cancino explicó que el protocolo vigente para identificar y bloquear líneas y equipos utilizados en comunicaciones ilegales desde las cárceles no se estaría cumpliendo con la rapidez requerida.
El procedimiento comienza con los reportes de denuncias por extorsión que el GAULA remite a los operadores de telefonía. Las empresas identifican los números telefónicos, IMEI e IMSI relacionados con las comunicaciones investigadas y cruzan esa información con el INPEC y el Ministerio de Justicia, entidades encargadas de solicitar formalmente el bloqueo.
De acuerdo con el ministro, todo este proceso puede generar una demora de hasta 30 días, periodo que el Gobierno considera demasiado prolongado porque permite que las líneas continúen activas y sean utilizadas para cometer nuevos delitos.
“Hay algo que se llama el efecto dominó, que es el traslado de personas privadas de la libertad. Eso ustedes lo han oído muchas veces, pero como se está haciendo ahora ha tenido absolutos resultados. Ustedes cada día ven más en los videos que se sacan respetando absolutamente todos los derechos de las personas, que las personas privadas de la libertad salen sin nada en la mano.
Pero también se le hace una gran requisa. Hay una instrucción al director del INPEC de parte del presidente de la República, del Ministro, que hay que hacer muchas más requisas, que hay que evitar los conectores de luz, que hay que estar muy pendientes del funcionamiento de los inhibidores y luchar contra la corrupción y que tengan responsabilidad las personas que tienen que cuidar los inhibidores. Inhibidor dañado, inhibidor que no funcione, la persona que lo cuida tiene que dar explicaciones. Si no la da, previo a un proceso, tiene que ser retirado de sus obligaciones. No vamos a permitir más eso dentro de la Administración del presidente De la Aspriella”, indicó el ministro Cancino González.
24.675 denuncias y 3.266 bloqueos
Las cifras presentadas durante el debate muestran la magnitud del problema. Entre enero y agosto de este año, el GAULA y el INPEC recibieron 24.675 denuncias de extorsión y reportaron 3.266 bloqueos de líneas o terminales asociados con establecimientos penitenciarios.
Cancino dio instrucciones al INPEC para agilizar el bloqueo de las líneas reportadas y señaló que las medidas deberán aplicarse tanto a líneas prepago como pospago.
La estrategia también contempla intervenir los mecanismos utilizados para recibir el dinero producto de las extorsiones. El Gobierno estudia acelerar la respuesta frente a cuentas, pasarelas y otros sistemas de pago vinculados con estas actividades.
Revisarán funcionamiento de inhibidores de señal
El Gobierno también anunció controles sobre los sistemas inhibidores de señal instalados en las cárceles.
Cancino afirmó que se han identificado casos en los que estos equipos son apagados o manipulados dentro de los establecimientos penitenciarios, situación que dificulta las medidas destinadas a impedir las comunicaciones ilegales.
El director del INPEC reconoció, además, que el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles constituye uno de los principales problemas de corrupción que enfrenta la institución.
Según Gutiérrez, durante 2025 fueron incautados alrededor de 47.000 teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.
El oficial agregó que durante los últimos cuatro años 209 funcionarios del sistema penitenciario fueron capturados, de los cuales 119 fueron detenidos en flagrancia.
Buscan convertir en delito el ingreso de celulares a cárceles
El director del INPEC informó que actualmente se trabaja en una iniciativa legislativa para que el ingreso de teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios pueda constituir un delito y no sea tratado únicamente como una falta disciplinaria.
La propuesta busca fortalecer las herramientas legales para combatir el ingreso de dispositivos utilizados posteriormente en extorsiones, amenazas y otras actividades delictivas.
Ajustes al Decreto 0851 de 2024
Por su parte, la ministra TIC, Alexandra Falla, anunció ajustes a los protocolos establecidos en el Decreto 0851 de 2024, con el propósito de responder con mayor rapidez frente a llamadas y mensajes no autorizados originados en las cárceles.
Falla explicó que la revisión tendrá en cuenta tanto el origen de las comunicaciones como las tecnologías empleadas para transmitirlas.
La ministra señaló que el problema no depende exclusivamente de los inhibidores de señal y que será necesario combinar herramientas tecnológicas con procedimientos administrativos más ágiles.
Para ello, los ministerios de Justicia y TIC establecerán mesas permanentes de trabajo y una línea base que permita medir la efectividad de las medidas adoptadas.
También vigilarán mensajes enviados por internet
La estrategia incluirá además la coordinación con los operadores de telecomunicaciones y plataformas digitales como Meta, debido a que las comunicaciones delictivas pueden realizarse tanto mediante llamadas y mensajes de telefonía móvil como a través de aplicaciones de mensajería, entre ellas WhatsApp.
El Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones trabajan en mecanismos orientados a dificultar el envío masivo de mensajes de texto utilizados en extorsiones y otros delitos.
Entre las herramientas previstas se encuentran sistemas de identificación, trazabilidad, registro y etiquetado de las comunicaciones.
Las entidades anunciaron que realizarán un seguimiento permanente de la estrategia para medir sus resultados y presentar informes al Congreso y a la ciudadanía.
