A pocas horas de concluir su mandato, el Gobierno de Gustavo Petro declaró como reserva ambiental definitiva 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana, prohibiendo nuevas concesiones mineras y de hidrocarburos en cerca del 42 % del territorio continental del país. La decisión marca uno de los legados ambientales más ambiciosos del cuatrienio y anticipa un choque con la política energética del presidente entrante, Abelardo de la Espriella.
En una de las últimas decisiones de su administración, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió la Resolución 0961 de 2026, mediante la cual declaró el bioma amazónico colombiano como una reserva de recursos naturales renovables y del ambiente con carácter definitivo, bloqueando la posibilidad de otorgar nuevas concesiones para minería e hidrocarburos en un área de 48,3 millones de hectáreas, equivalente a cerca del 42 % del territorio continental nacional.
La medida fue firmada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la dirección de la ministra encargada Irene Vélez Torres, apenas horas antes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. La resolución cobija 61 municipios distribuidos en diez departamentos, incluyendo la totalidad de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés, además de zonas de Meta, Vichada, Cauca y Nariño.
Un candado legal contra nuevas explotaciones
La nueva figura jurídica no convierte la Amazonía en un parque nacional ni modifica las áreas protegidas existentes. En cambio, establece un “candado administrativo” que impide a cualquier entidad estatal otorgar nuevos títulos mineros, contratos de exploración o explotación de hidrocarburos y licencias ambientales para estas actividades dentro del área declarada como reserva.
El Gobierno sustentó la decisión en los principios de prevención y precaución del derecho ambiental, argumentando que la Amazonía enfrenta un riesgo crítico debido al acelerado avance de la deforestación. Según el Documento Técnico de Soporte del Ministerio, entre 2016 y 2023 se perdieron 788.000 hectáreas de bosque, equivalentes al 60 % de toda la deforestación registrada en Colombia durante ese periodo, mientras que entre 2022 y 2024 desaparecieron otras 261.000 hectáreas.
El documento advierte además que la apertura de vías asociadas a proyectos extractivos facilita la expansión de la tala ilegal, la colonización y los cultivos ilícitos, incrementando la presión sobre el ecosistema amazónico.
Los proyectos vigentes podrán continuar
La resolución no afecta los contratos que ya se encuentran en ejecución. Los proyectos mineros y de hidrocarburos con títulos, licencias ambientales y permisos vigentes podrán continuar hasta finalizar el plazo establecido, aunque no podrán ser prorrogados.
También se mantienen algunos procesos de legalización minera y se contemplan excepciones para proyectos de pequeña minería destinados a obras públicas y mantenimiento de vías, bajo condiciones específicas. Asimismo, la norma aclara que no modifica la propiedad privada, los procesos de formalización de tierras ni la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
Una decisión respaldada por la justicia
El Ministerio recordó que la Corte Suprema de Justicia reconoció en 2018 a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y que, en 2025, la Corte Constitucional la catalogó como un ecosistema de especial protección constitucional, antecedentes que fortalecen el soporte jurídico de la resolución.
Se anticipa un choque con el nuevo Gobierno
La expedición de la resolución ocurre en un contexto político particularmente sensible. Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella anunció su intención de reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos, impulsar el fracking bajo estándares ambientales y fortalecer el sector minero como motor económico del país.
Aunque el mandatario electo ha manifestado que respetará los ecosistemas estratégicos y los páramos, aún no se ha pronunciado sobre esta nueva reserva amazónica, que al tratarse de un acto administrativo podría convertirse en uno de los primeros temas de confrontación entre el nuevo Gobierno y el legado ambiental dejado por la administración Petro.
La Amazonía, clave para el clima y el agua
El Gobierno argumentó que la protección de la Amazonía responde a su papel estratégico para la regulación climática y el ciclo hídrico de Colombia y América Latina. Según el Ministerio, el bosque amazónico libera diariamente miles de millones de toneladas de vapor de agua que alimentan los llamados “ríos voladores”, fundamentales para las lluvias y el abastecimiento hídrico de regiones como la cordillera Oriental y el sistema Chingaza, del que depende buena parte del suministro de agua de Bogotá.
Con esta decisión, Colombia adopta la política más restrictiva de la región amazónica frente a nuevas actividades de extracción de minerales e hidrocarburos, consolidando uno de los actos ambientales más trascendentales del Gobierno Petro en sus últimas horas de mandato.
