El organismo de control indaga presuntas fallas en la planeación de un contrato por más de $14.300 millones destinado a fortalecer la videovigilancia en la capital.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra varios servidores y exservidores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, por presuntas irregularidades en la planeación y suscripción del contrato SCJ-1904-2023, orientado a la instalación de cámaras de videovigilancia en la ciudad.
Entre los investigados se encuentran Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco.
De acuerdo con el análisis preliminar del ente de control, el contrato —por más de $14.300 millones— presentaría deficiencias en su fase de planeación. El proyecto tenía como objetivo implementar un sistema de reconocimiento de placas (LPR) para fortalecer la seguridad urbana, pero habría fallado en aspectos clave como la definición de puntos de instalación, la disponibilidad de acometidas eléctricas, la gestión de permisos para intervenir el espacio público y la estimación de los tiempos de ejecución.
Estas posibles falencias habrían derivado en retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, afectando la eficiencia del proyecto y el cumplimiento de su propósito de mejorar el sistema de videovigilancia en Bogotá.
En el marco de la investigación, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para establecer si las dificultades detectadas eran previsibles desde la etapa inicial del contrato.
Adicionalmente, el Ministerio Público dispuso compulsar copias para abrir un proceso independiente que examine posibles irregularidades durante la ejecución del contrato.