Ahorros en los fondos de pensión privados se desvalorizaron en marzo de 2022

Alarma ante el reporte de Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías de Colombia (Asofondos) que dice que al cierre del primer trimestre de 2022, las cifras alcanzadas presentan una desvalorización de 7,8 billones en la rentabilidad de los ahorros.

Los fondos de pensión privados en Colombia, que hacen parte del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), se destacan por utilizar los ahorros de su cotizantes para hacer inversiones que les generen rentabilidad. Las administradoras de ahorro pensional son Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Ante esta situación, la Asociación argumentó que la desvalorización es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el alza de la inflación y de las tasas de interés a nivel mundial, a lo que se le suma presuntamente a la incertidumbre política producto de las próximas elecciones presidenciales.

Asofondos explicó que busca contrarrestar estás caídas de los rendimientos con su portafolio, que va encaminado a generar mayor estabilidad en el ahorro.

“Es importante mencionar que en periodos anteriores las recuperaciones se han visto incluso en el corto y mediano plazo. Este amplio segmento de afiliados tiene un largo horizonte de tiempo para ver recuperaciones, y por supuesto, mayores rendimientos”, dijo al respecto Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Aunque Asofondos se excusan, como ocurrió hace dos años, diciendo que esta crisis es coyuntural y que las pérdidas actuales se compensarán con períodos en los que sí hay buenas rentabilidades, quejas de los usuarios aseguran que cuando vinculan a sus afiliados no les informaron que pueden tener pérdidas en sus ahorros pensionales.

La Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 establece que las AFP tienen la obligación de garantizar una rentabilidad mínima de los ahorros individuales. De lo contrario, estas empresas deberán reponer con recursos propios. Algo que no solo genera incertidumbre y desconfianza en los cotizantes, sino que ya ha sido motivo de denuncias en informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).