El negocio de embotellar el agua de las quebradas del río Bogotá

Mientras comunidades rurales de La Calera y Guasca racionan el agua en épocas de sequía, el recurso que nace en el páramo de Chingaza se desvía hacia plantas embotelladoras que lo venden como producto “premium”. La normativa permite la extracción, pero no exige compensaciones reales para los ecosistemas ni para quienes dependen de esas quebradas para vivir.

En las montañas que rodean a Bogotá, el agua sigue un curso desigual. La que brota en el páramo de Chingaza y alimenta las quebradas que desembocan en el río Bogotá abastece, por un lado, acueductos veredales sostenidos por comunidades campesinas; por otro, plantas industriales que la convierten en agua embotellada para supermercados de la capital. El negocio es legal, rentable y creciente. Sus impactos, en cambio, recaen sobre los territorios de origen.

La Calera es uno de esos puntos críticos. En este municipio funcionan 56 acueductos veredales, gestionados de manera comunitaria: los vecinos pagan cuotas, mantienen las mangueras, limpian tanques y reparan fugas. Cualquier disminución del caudal —especialmente las desviaciones hacia plantas embotelladoras— pone en riesgo el acceso al agua para el consumo humano y para cultivos como papa, cebolla o arveja, sobre todo durante las temporadas de menos lluvias.

“Antes la quebrada formaba cascadas y su sonido se escuchaba desde lejos; ahora casi no se siente”, relatan lideresas de la Asociación de Veredas de La Calera. Tras décadas de observar el cambio en los nacimientos de agua, temen que, si la extracción continúa al ritmo actual, la quebrada San Lorenzo termine por desaparecer.

Esta transformación fue documentada por la antropóloga de la Universidad Nacional Anyi Viviana Castelblanco Montañez, quien revisó licencias ambientales, informes oficiales y cifras de consumo de las principales embotelladoras del país. En su trabajo de campo en La Calera y Guasca recogió testimonios de comunidades que ven cómo el agua, eje de la vida colectiva, se convierte en mercancía. “El agua que debería fortalecer los lazos sociales se transforma en una frontera entre quienes la cuidan y quienes la consumen”, concluye.

A las comunidades se les dice que el desabastecimiento es un fenómeno natural. Sin embargo, los datos muestran que la presión industrial también incide. La paradoja es evidente: mientras una botella de 600 mililitros se vende entre 1.500 y 2.500 pesos, un litro de agua del acueducto de Bogotá cuesta hasta veinte veces menos.

En el páramo de Chingaza, los manantiales de la quebrada San Lorenzo ya no siguen su curso natural. En la vereda San José, en La Calera, tuberías desvían 3,23 litros por segundo hacia una planta embotelladora. De ese volumen, cerca de 183.500 litros diarios terminan envasados para su comercialización; el resto se utiliza en los procesos internos de producción y mantenimiento.

Por cada litro embotellado, la planta consume 1,5 litros adicionales en lavado y limpieza. Además, tiene autorización para verter 3,55 litros por segundo de aguas residuales tratadas a la quebrada Cerro Verde, subcuenca de la San Lorenzo y afluente del río Bogotá. Los habitantes de la zona aseguran que, en cada temporada seca, los caudales disminuyen y los acueductos veredales deben racionar el servicio por turnos.

Un escenario similar se repite más al norte, en la vereda Pastor Ospina, en Guasca. Allí nace la quebrada El Uval, fuente de acueductos comunitarios como Ecosiecha, que abastece al casco urbano y a varias veredas campesinas. Parte de su caudal, sin embargo, también se desvía hacia una planta embotelladora.

Aunque la empresa se presenta como sostenible, en 2023 se confirmó —según la investigación de Castelblanco— que no contaba con una concesión de aguas vigente. Aun así, extraía directamente de los nacimientos que surten a las familias rurales. La planta produce alrededor de 75.000 botellas mensuales, casi 900.000 al año, mientras los campesinos deben racionar el agua entre diciembre y marzo, los meses más secos.

Lo que antes era un bien común hoy se ofrece como un producto “natural” y “premium”. Durante los periodos de escasez, los acueductos comunitarios reducen horarios, pero las plantas mantienen su ritmo. Para los habitantes del territorio, el agua del río se va y solo queda su rumor.

En Bogotá, otra reconocida marca de agua embotellada opera plantas en el barrio La Sevillana y en la Zona Industrial. En este caso, la fuente no son nacimientos de páramo, sino pozos profundos que extraen agua del acuífero de la Sabana, una reserva subterránea clave para regular la humedad del suelo y alimentar ríos como el Tunjuelo y el Fucha, ambos conectados con el río Bogotá.

El proceso industrial también deja una huella significativa: por cada litro embotellado se utilizan 2,16 litros en total. En 2017 la empresa extrajo 283.041 metros cúbicos de agua; en 2019 la cifra ascendió a 303.621 metros cúbicos, un aumento cercano al 7%. El crecimiento del negocio va de la mano de una mayor presión sobre el recurso hídrico.

La Secretaría Distrital de Ambiente exige tratamiento previo de las aguas residuales antes de que lleguen al alcantarillado y, finalmente, al río Bogotá, para reducir el impacto de detergentes y desinfectantes usados en el proceso. Aun así, el caso expone los límites del control ambiental urbano. A diferencia de los acueductos rurales, gestionados de forma colectiva, las industrias concentran permisos técnicos complejos y poco accesibles para la veeduría ciudadana.

Las embotelladoras pagan la Tasa por Utilización del Agua (TUA), regulada por el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 588 de 2017 del Ministerio de Ambiente. El cobro se calcula según el volumen captado, pero no implica una compensación ecológica directa. “Pagar por el agua no equivale a reparar el daño causado por extraerla”, advierte Castelblanco.

En la práctica, las comunidades rurales no reciben compensaciones reales. Algunas empresas financian acciones ambientales puntuales, como la siembra de árboles, pero estas medidas no restauran los ecosistemas ni garantizan el acceso local al agua. La contradicción es profunda: una botella de agua “natural” puede costar más que el aporte mensual que una familia campesina paga por el servicio de su acueducto comunitario.

Los recursos recaudados por la TUA quedan en manos de las corporaciones autónomas regionales, que pueden destinarlos a proyectos ambientales en sus jurisdicciones. Sin embargo, la normativa no obliga a reinvertir ese dinero en la misma quebrada o en el acueducto veredal afectado por la extracción.

En octubre pasado, el Ministerio de Ambiente solicitó a la CAR Cundinamarca revisar la prórroga de concesiones de agua en La Calera para priorizar el consumo humano. Tras más de cuatro décadas de permisos, la cartera pidió un análisis técnico más riguroso que garantice el acceso al agua como derecho fundamental de las comunidades.

Las embotelladoras confluyen, finalmente, en un mismo destino: el río Bogotá, uno de los más contaminados del país. La quebrada San Lorenzo lo alimenta desde Chingaza, el río Blanco desde Guasca y los vertimientos urbanos completan el ciclo. Como concluye la investigación, el mercado del agua embotellada no amplía la disponibilidad del recurso: lo redistribuye según intereses económicos y traslada sus impactos a los ríos y a las comunidades que lo cuidan en su origen.

Fuente: periodico.unal.edu.co