TransMilenio: propaganda oficial, complicidad mediática y un golpe directo al pueblo

Para 2026, la tarifa del transporte público en Bogotá aumentará un 10,9 %, es decir, entre cinco y ocho puntos porcentuales por encima del IPC. Un golpe directo al bolsillo de millones de trabajadores, estudiantes y usuarios cotidianos. Sin embargo, el debate público se reduce a culpar el salario mínimo, cuando el verdadero problema es un modelo contractual diseñado para proteger ganancias privadas.

Por Henry Barbosa

Lo ocurrido con el reciente incremento de la tarifa de TransMilenio es una muestra evidente del periodismo burdo y militante que desde hace años opera en Bogotá. Un periodismo que, lejos de informar con rigor, se ha dedicado a cubrir con un manto de protección al alcalde Carlos Fernando Galán, replicando sin cuestionamientos el relato oficial según el cual el aumento del pasaje sería consecuencia directa del incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro.

Ese titular simplista —y conveniente— omite deliberadamente aspectos estructurales del sistema de transporte público que cualquier medio mínimamente riguroso estaría obligado a explicar. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a recibir información veraz, contextualizada e imparcial, no propaganda disfrazada de noticia.

Los grandes medios corporativos evitan hablar de lo esencial: los contratos leoninos que rigen el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio. Contratos que garantizan rentabilidades fijas a los operadores privados, conformando un oligopolio del transporte urbano, mientras el riesgo financiero recae casi por completo sobre la ciudad y los usuarios.

Tampoco se explica cuánto del recaudo —tanto del pasaje que pagamos a diario como de los recursos públicos destinados al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET)— se utiliza para asegurar las utilidades de esos operadores, incluso en escenarios de baja demanda o mala gestión. Esa omisión no es casual: sirve para lavar la imagen del alcalde y desplazar la responsabilidad política hacia el Gobierno nacional.

Para 2026, la tarifa del transporte público en Bogotá aumentará un 10,9 %, es decir, entre cinco y ocho puntos porcentuales por encima del IPC. Un golpe directo al bolsillo de millones de trabajadores, estudiantes y usuarios cotidianos. Sin embargo, el debate público se reduce a culpar el salario mínimo, cuando el verdadero problema es un modelo contractual diseñado para proteger ganancias privadas.

Si la administración distrital realmente quisiera favorecer al pueblo, el enfoque sería otro. No se hablaría de una rentabilidad del 4 % para los operadores privados, sino de reducirla al 1 %, como una contribución real al sostenimiento del sistema. No todo el peso del subsidio recaería en el FET y en los usuarios, sino que los operadores también asumirían parte del ajuste, reduciendo utilidades a unos 60 mil millones de pesos anuales, una cifra nada despreciable.

El incremento del pasaje de TransMilenio es, sin eufemismos, una medida antipueblo, regresiva y socialmente injusta. Y el papel de los grandes medios ha sido vergonzoso: lavarle la cara al alcalde, desplazar la responsabilidad política y desinformar deliberadamente a la ciudadanía.

Aquí no hay confusión técnica ni inevitabilidad económica. Hay decisiones políticas, intereses privados protegidos y una prensa que eligió bando. Y ese bando no es el de los usuarios, ni el de la verdad, ni el del derecho a la información. Es el del poder.

henrybarbosa@outlook.com