Alerta por invasiones en Bogotá: más de 31.000 ocupaciones ilegales están en zonas de riesgo

Las autoridades distritales mantienen bajo vigilancia 281 polígonos en 15 localidades de Bogotá, donde se han identificado más de 31.400 ocupaciones ilegales en áreas de riesgo o de protección ambiental. La Alcaldía advierte sobre estafas en la venta de lotes y los peligros para la vida, el ambiente y el patrimonio de las familias.

Comprar un lote o construir una vivienda es, para muchas familias, uno de los proyectos más importantes de su vida. Sin embargo, dar ese paso sin verificar la legalidad del terreno puede convertir ese sueño en un problema serio, tanto para quienes invierten sus ahorros como para la ciudad en general.

En Bogotá, la preocupación por las ocupaciones ilegales —conocidas comúnmente como invasiones— sigue en aumento. Actualmente, las entidades distritales hacen seguimiento a 281 polígonos distribuidos en 15 localidades, donde se han identificado más de 31.400 ocupaciones ubicadas en zonas de alto riesgo o de especial protección ambiental. Estos puntos son monitoreados de forma permanente mediante acciones de Inspección, Vigilancia y Control, con el objetivo de prevenir estafas, proteger la vida de las personas y recuperar áreas estratégicas para el equilibrio ambiental de la ciudad.

Las invasiones se presentan cuando personas se apropian o hacen uso informal de suelos que no están autorizados para urbanizar. En la capital, este fenómeno se concentra principalmente en sectores periféricos y en los bordes urbanos, donde existen terrenos con restricciones por riesgo natural, como inundaciones y deslizamientos, o por su valor ambiental, como humedales, reservas forestales y corredores ecológicos.

Habitar en estas zonas representa una amenaza directa para la seguridad de las familias. Las lluvias intensas, las crecientes súbitas o las remociones en masa pueden poner en peligro la vida de quienes viven allí. A esto se suma que, por su condición ilegal, muchos de estos asentamientos carecen de acceso adecuado a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, salud y educación, lo que profundiza escenarios de vulnerabilidad y exclusión social.

El impacto no es solo social, sino también ambiental. La ocupación de áreas protegidas deteriora ecosistemas estratégicos que cumplen funciones clave para la ciudad, como la regulación del clima, la protección de fuentes hídricas y la reducción del riesgo de desastres.

Uno de los mayores riesgos surge al comprar un lote sin título claro o ubicado en una zona no autorizada. En estos casos, el comprador puede perder todo el dinero invertido, ya que no logra registrar el predio a su nombre ni acceder a créditos, subsidios de vivienda o servicios públicos. La legalidad de una propiedad solo se garantiza cuando la compraventa se formaliza mediante escritura pública y se inscribe en el registro de instrumentos públicos. Sin estos pasos, la transferencia del dominio no es segura y el predio puede ser recuperado por las autoridades o por sus verdaderos propietarios.

Quienes venden lotes de manera irregular también enfrentan consecuencias legales. Esta práctica, asociada a los llamados tierreros, puede constituir delitos como estafa, usurpación de tierras o urbanización ilegal, conductas que están contempladas en el Código Penal.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Bogotá busca fortalecer las acciones de control y prevención. La Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la Dirección para la Gestión Policiva, trabaja de manera articulada con las alcaldías locales, la Policía, las entidades ambientales y el sector vivienda para vigilar los polígonos priorizados, coordinar operativos y adelantar jornadas de sensibilización ciudadana.

Estas labores se intensifican especialmente durante temporadas de alerta climática, cuando el riesgo para los habitantes de zonas críticas aumenta. Además del control institucional, las autoridades hacen un llamado a la corresponsabilidad ciudadana.

Antes de comprar un terreno, la recomendación es solicitar un certificado de libertad y tradición actualizado, verificar la viabilidad urbanística del predio y buscar asesoría profesional en notarías o con expertos inmobiliarios. Ante cualquier sospecha de fraude o venta irregular, denunciar oportunamente es clave para evitar que más personas sean víctimas de estafas y para proteger el orden urbano y ambiental de la ciudad.