Tras la publicación del borrador de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Gustavo Petro aseguró que su propósito no es crear una nueva Constitución, sino garantizar que la Carta Política de 1991 se cumpla plenamente. El mandatario pidió al pueblo colombiano asumir el papel de constituyente primario frente a lo que calificó como un bloqueo institucional.
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El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, luego de que el Ministerio de Justicia divulgara el borrador del proyecto de ley que busca convocarla. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado afirmó que su iniciativa no pretende “refundar” el Estado colombiano, sino permitir la participación ciudadana para hacer realidad los principios del Estado Social de Derecho establecidos en la Constitución de 1991.
“No estoy proponiendo un concepto refundacional. Ya se fundó el Estado Social de Derecho en 1991. Pero, como usted dice, hay que desarrollarlo, y es lo que no se ha podido. Lo impide una casta en el Estado que no está de acuerdo con la orden constitucional. Por eso el pueblo debe expresarse como constituyente para que la Constitución de 1991 se vuelva realidad”, escribió Petro en su cuenta oficial.
En un segundo mensaje, el mandatario explicó cómo avanzará el proceso y cuál será el papel de las organizaciones sociales en la elaboración del texto definitivo:
“El borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas. El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, precisó que el documento divulgado es un punto de partida y no una versión definitiva. Subrayó que la convocatoria solo podrá materializarse si se recolectan tres millones de firmas ciudadanas, requisito indispensable para una iniciativa popular legislativa.
Montealegre señaló que su papel fue únicamente “presentar un elemento de trabajo” que deberá ser debatido, modificado y asumido por los sectores sociales que decidan impulsarlo formalmente. Añadió que la iniciativa busca reformar la Constitución de 1991, pero bajo límites estrictos: no podrán eliminarse ni reducirse los derechos fundamentales, sociales o colectivos reconocidos en la actual Carta.
¿Cómo se integraría la Asamblea Nacional Constituyente?
El borrador propone que la Asamblea esté conformada por 71 delegatarios elegidos por voto popular, quienes sesionarían durante tres meses. Aunque tendría amplias facultades para debatir reformas estructurales, no podría revocar al Congreso ni desconocer los compromisos internacionales de Colombia en materia de derechos humanos.
La composición busca garantizar paridad de género y representación diversa, distribuyendo las curules así:
44 delegatarios por circunscripción nacional
2 del pueblo afrodescendiente
2 del pueblo indígena
2 del campesinado
2 de las víctimas del conflicto armado
2 de los sindicatos
2 de los jóvenes
2 del pueblo Rrom
2 del pueblo raizal y palenquero
6 del pueblo colombiano en el exterior
2 madres cabeza de familia
3 del pueblo LGBTIQ+
En todos los casos, la mitad de los delegatarios deberán ser mujeres. La instalación de la Asamblea se realizaría 30 días después de conocerse los resultados electorales.
Facultades extraordinarias y consulta nacional
El borrador también otorga al Presidente de la República facultades extraordinarias por seis meses para expedir decretos con fuerza de ley que reglamenten la convocatoria y los requisitos de elección de los delegatarios.
Antes de la convocatoria formal, se realizaría una consulta nacional con dos preguntas:
¿Aprueban los ciudadanos la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con las condiciones propuestas?
¿Autorizan que esta reforme la totalidad de la Constitución sin disolver el Congreso, garantizando los derechos fundamentales y el respeto a los tratados internacionales?
Un debate en medio de tensiones institucionales
La propuesta surge en un escenario político marcado por la tensión entre el Gobierno y el Congreso, donde varias de las reformas sociales y económicas impulsadas por Petro —como la pensional, la laboral y la de salud— han enfrentado resistencia.
El mandatario insiste en que el pueblo debe asumir el papel de constituyente primario para que los mandatos de la Constitución de 1991 —especialmente los relacionados con la justicia social, la equidad y la participación ciudadana— se cumplan efectivamente.
Mientras tanto, sectores de la oposición y del Congreso estudian las implicaciones políticas y jurídicas de una eventual Constituyente que, aunque nacería de la iniciativa popular, contaría con el respaldo y el impulso directo del Gobierno Nacional.