«Una burla a nosotras»: las familias de las víctimas denuncian al General (r) Mario Montoya

Familias de hombres jóvenes asesinados extrajudicialmente por el ejército de Colombia en lo que se conoce como el escándalo de «falsos positivos» acusaron esta semana al ex jefe del ejército Mario Montoya de «burlarse de ellos» y de retener información clave detrás de la generalización ejecución de civiles que resultaron en al menos 2,248 muertos.

En una audiencia de varios días muy esperada que comenzó el miércoles, se esperaba que el general retirado revelara nuevos detalles sobre el escándalo de «falsos positivos«. Durante décadas, algunos miembros del ejército colombiano asesinó a civiles, los vistió con uniformes rebeldes y registró sus muertes como ocurridas en combate con el enemigo, para así inflar los recuentos de cuerpos y respaldar las afirmaciones de que estaban ganando la guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El testimonio de Montoya ha sido visto como un paso importante hacia la verdad y la reconciliación mientras Colombia lucha por establecer una paz duradera después de un conflicto armado de 52 años.

Los grupos de derechos humanos creen que Montoya es la clave para descubrir cuán alto fue el conocimiento de la cadena de mando de estos crímenes y si los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, presidente y ministro de Defensa de la época, estaban enterados de esa extrategia. Santos pasó a recibir el premio Nobel de la paz por sus esfuerzos para establecer el histórico acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, y Uribe Vélez, hoy senador, es el máximo líder del partido de Gobierno Centro Democrático.

La Justicia Especial para la Paz (JEP), , un sistema de tribunales de transición creado a partir del acuerdo de paz de 2016 para investigar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado, pidió a Montoya que compareciera después de que 11 militares testificaron en su contra.

Pero en el primer día de audiencias, Montoya inicialmente le dijo a los jueces que invocaría su derecho a permanecer en silencio. Después de un breve receso, los jueces procedieron a hacer preguntas relacionadas con la investigación de un fiscal y las acusaciones hechas por otros miembros militares, pero los abogados de las familias de víctimas dicen que negó cualquier participación o conocimiento de los crímenes y respondió vagamente las preguntas.

«La forma en que Mario Montoya respondió las preguntas fue otra forma de permanecer en silencio«, dijo German Romero, un abogado de víctimas que estuvo presente durante la audiencia. «El tribunal de paz dice que respondió a cada una de sus preguntas, pero esas respuestas no aportan absolutamente nada a la verdad«.

Durante el segundo día, las víctimas protestaron cuando, según los informes, Montoya le dijo a la corte que los pobres antecedentes de los soldados estaban en la raíz de los crímenes, argumentando que el ejército necesitaba más hombres de clases sociales más altas para evitar que estos casos continuaran.

«Eran soldados muy pobres e ignorantes que no entendían la diferencia entre los resultados y las víctimas y por eso cometieron estos crímenes«, se dice que Montoya dijo.

‘Hiriente’

Ana Páez, cuyo hijo de 32 años fue asesinado en 2008, dijo que lo único que hizo Montoya fue «burlarse de nosotros«.

«Ha sido realmente doloroso escuchar todo esto sin poder decir nada«, expresó la integrante del colectivo Madres de Soacha.

Ocho militares, incluido un coronel, fueron declarados culpables del asesinato de su hijo y luego se les otorgó libertad condicional cuando transfirieron sus casos al tribunal de paz.

«Necesitamos saber la verdad, esto no termina aquí«, dijo.

Las declaraciones de Montoya han avivado nuevamente las preocupaciones de las familias de las víctimas de que el General retirado, el funcionario de más alto rango que comparece ante el tribunal, puede intentar escapar con una sentencia más leve y otros beneficios ofrecidos por el tribunal de paz sin cumplir con su obligación de contribuir a la verdad

Los grupos de derechos de las víctimas pidieron a la Corte que tome medidas en respuesta a la «estrategia de demora de Montoya y su negativa a hacer contribuciones reales a la verdad«.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dijo que consideraría la solicitud de las víctimas de expulsar a Montoya del tribunal o iniciar un procedimiento judicial que podría resultar en una sentencia de prisión de 20 años. Si el tribunal decide expulsarlo, Montoya puede enfrentar cargos en el sistema de justicia ordinaria que podría conllevar una sentencia de 40 años.

Acusaciones contra Montoya

Los informes de ejecuciones extrajudiciales alcanzaron su punto máximo de 2006 a 2008, cuando Montoya dirigió al ejército como comandante en jefe. Los oficiales militares han testificado que Montoya presionó verbalmente a los oficiales para aumentar los asesinatos en combate. Las unidades militares que informaron altos recuentos de cuerpos también fueron recompensadas con tiempo de vacaciones y promociones. Según la Oficina del Fiscal General, al menos 2,248 personas fueron asesinadas entre 1988 y 2014, aunque grupos de derechos humanos dicen que el número podría ser mucho mayor.

Al testificar ante el tribunal de paz, un coronel retirado, Gabriel de Jesús Amado, dijo que Montoya exigió «litros y tanques de sangre«, dejando en claro a los oficiales que necesitaba asesinatos de combate y no capturas.

Según Human Rights Watch, al menos 44 hombres fueron presuntamente asesinados por las tropas de la 4ta Brigada, mientras que Montoya, ahora retirado, era el comandante en Jefe de 2001 a 2003. La Oficina del Fiscal General también investigó a Montoya por ocho casos «falsos positivos» y concluyó en un informe que el General no implementó mecanismos de control suficientes durante su liderazgo e ignoró las advertencias externas e internas que podrían haber frenado las ejecuciones extrajudiciales.

«Si supiéramos la verdad, entonces estos crímenes no volverían a ocurrir»

JEIDER OSPINO, UN EX SOLDADO COLOMBIANO

Montoya negó estas afirmaciones durante su testimonio esta semana, y agregó que ex militares habían testificado en su contra en represalia por haberlos despedido cuando se supo la noticia del escándalo en 2008.

El JEP interrogará estas declaraciones con informes que hayan recibido de grupos de Derechos Humanos y de la Oficina del Fiscal General.

Según Romero, abogado de las víctimas, el tribunal de paz también debe centrarse en sus investigaciones independientes.

«Si el JEP planea trabajar sobre la base de intercambiar confesiones por beneficios, entonces será difícil establecer todo lo que sucedió«, dijo Romero. «Creo que el JEP olvida que es un tribunal de justicia penal y que debe tener un fuerte componente de investigación».

Mientras Montoya hablaba durante el primer día de la audiencia de esta semana, Jeider Ospino, un ex soldado que dice que fue despedido por negarse a matar a un combatiente rebelde menor de edad en 2008, se reunió fuera del tribunal con las familias de las víctimas.

Ospina dijo que ahora era más importante que nunca detener estos crímenes y evitar que más familias sufran.

«Si supiéramos la verdad, entonces estos crímenes no volverían a ocurrir«, dijo.

Febrero 16 de 2020