Sneyder Pinilla fue condenado por corrupción a cinco años de cárcel y a devolver solamente 618 millones de pesos

Una juez de Bogotá, estableció una condena de 5 años, 8 meses y 1 día de prisión para Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además del pago de una multa equivalente a 3.550,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cercana a los 5.764 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de la sentencia de la juez, a cambio de su confesión y la devolución de solamente 618 millones de pesos que se había apropiado indebidamente, la Fiscalía le otorgó un descuento del 45% en su condena original.

La pena es baja por cuenta del principio de oportunidad que se le otorgó y su colaboración en señalar a otros de los implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno Petro.

Sneyder Pinilla, confeso de corrupción, se convierte así en el primer condenado tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Pinilla no irá a una cárcel convencional, permanecerá recluido en una guarnición militar debido a las supuestas amenazas de muerte que denunció haber recibido luego de revelar a los presuntos involucrados en el caso.

La Fiscalía General de la Nación gracias a la delación de Pinilla, logró revelar el funcionamiento de la organización delincuencial que se tomó por varios meses la contratación estatal en la UNGRD, con la participación del exdirector Olmedo López, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el empresario Luis Eduardo López Rosero.

Para la Fiscalía, los tres investigados, en complicidad con otros funcionarios, “acordaron generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales se destaca la modalidad de adquisición de asistencia humanitaria de emergencia”.

Los carrotanques de la corrupción

El escándalo de la compra de 40 carrotanques para llevar agua a las comunidades indígenas en La Guajira fue tan solo la punta del iceberg en este desfalco, que tuvo un valor de $46.800 millones, pero luego surgió una investigación al contratista de la entidad, Luis Eduardo López Rosero, a quien se le habrían entregado $14.000 millones en adición por la supuesta adecuación de los vehículos.

Otros presuntamente involucrados en este escándalo de corrupción son los expresidentes de Cámara y Senado Andrés Calle e Iván Name por la supuesta recepción de $4.000 millones entre ambos parlamentarios.

En este caso también aparece involucrada Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones del gobierno Petro, quien actualmente está detenida en una guarnición militar y quien fue llamada a juicio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Precisamente, entre los elementos de prueba que pretende llevar la Fiscalía al juicio en contra de Ortiz está el rastreo de bienes y cuentas bancarias de la exfuncionaria en Colombia y el exterior. El ente acusador hizo una verificación por entidades bancarias y el resultado de esas indagaciones fue puesto en consideración de los jueces y estos ya legalizaron las indagaciones del ente acusador.

Trascendió que Ortiz y su equipo de defensa, están buscando llegar a algún tipo de colaboración con la justicia, en aras de cerrar el proceso en su contra y, de alguna forma, obtener algún tipo de beneficio, como rebaja de pena.

Paralelamente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigaciones a un grupo de parlamentarios por presunto direccionamiento de contratos. En este proceso fueron vinculados los senadores Iván Name, Liliana Bitar, Juan Gallo y Martha Peralta, y los representantes Andrés Calle, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, así como el excongresista Juan Muñoz.