Miles de haitianos están siendo deportados por EE. UU. a su país. Hay muchas razones para huir de allí, pero nadie escucha a su población.
La política estadounidense aplicada a los haitianos de “¡Quedate en México! Es un fracaso.
Con esta estrategia, que desprecia los derechos humanos, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había obligado incluso a los migrantes que ya habían solicitado asilo en Estados Unidos a esperar en México la resolución de sus casos judiciales, a menudo en condiciones más miserables. Sin embargo, ahora la ciudad fronteriza estadounidense de Del Río, en Texas, experimenta una verdadera oleada de migrantes. Más de 10.000 peticionarios de asilo haitianos habrían cruzado la frontera en el sur de Estados Unidos.
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es poco imaginativa. La Casa Blanca está deportando a miles de haitianos que buscan protección por vía aérea a Puerto Príncipe.
Todo esto, a pesar de que Haití vive una de las crisis más complejas de su historia. Desde junio, 15.500 personas se han visto obligadas a huir del país a causa de la guerra de bandas sólo en la capital, según la ONU. Además, el presidente haitiano Juvenel Möise fue asesinado en un complot aún no dilucidado y donde resultaron involucrados un escuadrón paramilitar colombiano, y para completar tuvo lugar otro gran terremoto.
Desde 2004, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) era responsable de la seguridad y la paz en ese país. Su principal objetivo: las bandas callejeras de los barrios marginales. Los habitantes de esos barrios son vistos como un factor de inseguridad; la participación en la sociedad no está prevista. La misión Minustah terminó fracasando en 2017.
Lo que sigue faltando en Haití es seguridad y perspectivas. El 80% de la población quiere no sólo un cambio de gobierno, sino una reforma fundamental del Estado y la sociedad. El llamado Grupo Central (Core Group), en el que están representados la ONU, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania, entre otros, no apoya las demandas de la sociedad civil. Y esto, a pesar de que estas demandas son más que legítimas: acceso a los bienes públicos, elecciones libres, seguridad. Una de las reacciones a estos problemas ha sido la emigración durante años, para apoyar a los que se quedan atrás con las remesas de la diáspora”.