La Corte Suprema de Justicia determinó “casa por cárcel” a Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude, soborno y manipulación de testigos.
La decisión es un hito en Colombia, nación acostumbrada a acuerdos a puerta cerrada entre políticos que rara vez son llamados a responder por sus acciones delictivas en los tribunales.
Colombia a diferencia de otras naciones de América Latina que han abordado la corrupción agresivamente en los últimos años, a veces enjuiciando a presidentes, sus dirigentes políticos gozan de total impunidad.
Uribe Vélez considerado ampliamente como el político colombiano más poderoso de la ultra derecha en las últimas dos décadas, ha sido sido objeto de investigación durante años, pero esto es lo más cerca que se ha enfrentado a un tribunal de jueces. Su capacidad para evitar el enjuiciamiento había llevado a muchos colombianos a llamarlo el “innombrable”, “el presidente eterno” y últimamente “matarife”.
Su detención amenaza con polarizar aún más la política colombiana, lo que aumenta el conflicto entre los aliados de Uribe y las fuerzas democráticas, férreos opositores al ex presidente.
Los medios de comunicación nacionales (Semana, Caracol, RCN, El Tiempo, La W, la FM, El Espectador), entre otros, y los adyectos políticos al jefe y señor del “uribismo”, iniciaron desde hace varios días una fuerte campaña tratando de deslegitimar las decisiones de la Corte Suprema por la eventual detención de Uribe.
El martes en la mañana, en un hecho insólito, Iván Duque atacó su propio sistema judicial por perseguir a su mentor, denunciando que a Uribe no se le permitiera permanecer en libertad hasta que se resuelva su caso, algo que según él a los delincuentes y la guerrilla si le tienen permitido hacer.
“Duele, como colombiano“, dijo Duque, que “un servidor público ejemplar, que ha ocupado el puesto más alto en el estado, no puede defenderse en libertad, con la presunción de inocencia“.
Los jueces de la Corte Suprema aún no han presentado cargos formales contra Uribe, pero el sistema de justicia colombiano permite que los jueces lo detengan en espera de una acusación si creen que es un riesgo de fuga o podría alterar las pruebas. Podría ser retenido hasta por un año a medida que avanza la investigación.
El caso que él mismo Uribe inició
En septiembre de 2014, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Cepeda para apoyar sus acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo armado que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos.
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los “Doce Apóstoles”.
En respuesta al debate en el Senado, Uribe demandó ante la Corte Suprema de Justicia a Cepeda, al que acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
La Corte Suprema investigó el caso durante varios años, en los que declararon tanto Uribe como Cepeda, así como todos los testigos implicados. En 2018, la Corte desechó las acusaciones contra Cepeda y, abrió una investigación formal contra Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
Si se lo encuentra culpable, Uribe podría enfrentar aproximadamente seis a ocho años de prisión, aunque es probable que pase el tiempo bajo arresto domiciliario.
Esta no es la única acusación contra Uribe, en la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Innumerables polémicas y acusaciones en su contra han sido parte de casi toda su vida política. A Uribe se le ha señalado numerosas veces de favorecer a los paramilitares en su afán por derrotar a las FARC e incluso ha sido vinculado con el narcotráfico.
Uribe ha negado una conexión con grupos paramilitares, en cambio dijo que luchó contra ellos. También ha negado pedirle a alguien que obstruya la justicia.
Agosto 5 de 2020