Ola de feminicidios está viviendo Colombia en los últimos meses

No ha terminado el primer mes de 2023 y ya hay que lamentar varios asesinatos de mujeres en Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que provoque estas muertes? ¿Qué medidas deberían tomar la sociedad y las autoridades para evitar más feminicidios?

Los asesinatos machistas están aumentando diariamente, se ha producido un pico excepcional en este tipo de crímenes en las últimas semanas. Esto ha generado la alarma y el repudio de la ciudadanía que exige medidas efectivas de protección.

Mientras que el 2022 cerró con un registro de 614 feminicidios, en lo que va corrido de este año ya se han reportado al menos nueve casos.

Jackeline Álvarez, Erika Cuadros, Gina Paola Bocanegra, Yared Pomares, Melisa Toro, Mariana Rueda, Valentina Trespalacios, Angélica Treco, Jeidy Herrera y Dora Victoria Ortiz son los nombres de las mujeres asesinadas que han puesto de luto al país en las últimas semanas y que encienden nuevamente las alertas por la ola de violencia en el territorio nacional.

Los analistas tratando de buscar una explicación sobre las causas de los feminicidios, vienen especulado sobre si los repuntes están relacionados con el impacto de la pandemia y la convivencia entre el agresor y la víctima. No hay estudios conclusivos al respecto.

Ya no se aborda la liberación femenina y la independencia económica que liberó a la mujer del yugo machista, sino que posiblemente el confinamiento acervó la violencia contra la mujer y significó su aislamiento, la disminución de sus oportunidades para salir de la situación de violencia y de recibir atención profesional.

En Colombia el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 de 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, este tipo penal será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima.

Lo cierto es que ha fallado la valoración del riesgo contra la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor y no se tienen estadísticas certeras de cuantas mujeres se encuentran bajo protección del Estado, cuantas en riesgo extremo y cuántas en riesgo alto, más aún cuando las medidas son exiguas con respecto al cumplimiento estricto de las medidas de vigilancia y control por parte de las autoridades.

Es urgente mejorar la determinación de nivel de peligro, ya que si han asesinado a una mujer considerada en riesgo bajo o medio es que ha habido una valoración simplista de la situación.

Las familias de las víctimas denuncian que en muchos casos que no se evaluó el peligro de volver a sufrir malos tratos de las víctimas y no se activaron medidas de protección. La importancia de la evaluación de riesgo de las denuncias de las víctimas sobre todo en casos de violencia intrafamiliar se debe ponderar suficientemente, sobre todo en casos de riesgo alto, donde se debe activar medidas inclusive de protección policial.

El reto es que quienes recojan las denuncias de las víctimas tengan más y mejor formación y sensibilidad sobre violencia machista y que eviten integrar en los datos sus propios prejuicios. Al margen de su eficacia, otro reto es su falta de transparencia.

Por otro lado, es urgente un incremento por parte del Estado de los recursos para la protección de las mujeres que denuncian violencia intrafamiliar.