Militares colombianos confiesan el horror de las ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos»

La herida de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública colombiana sigue abierta. Y aunque busca ser reparada en la Justicia transicional, todavía falta un largo trecho para lograr ese objetivo. Dos militares hablaron en exclusiva y confirmaron la barbarie que las familias de las víctimas han denunciado por años.

Gustavo Soto es un oficial retirado del Ejército colombiano, fue sentenciado a 32 años de prisión por homicidio y secuestro, una de las prácticas más atroces de la guerra en Colombia. Hoy habla como testigo de los crímenes que vio y que muchas personas en Colombia todavía no creen: los llamados ‘falsos positivos‘, ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentados como bajas en combate en la lucha del Ejército contra las guerrillas.

«Durante el tiempo que estuve de comandante di, si no estoy mal, 83 muertes, donde la gran mayoría, creo que muy poquitas, por allí unas cuatro o cinco, serán operaciones de muertes totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas«, dijo Soto en declaraciones a la agencia de prensa AFP.

El mecanismo de los ‘falsos positivos‘ era tan básico como escabroso. Los soldados mataban civiles o personas capturadas para presentarlas como muertos en combate y así obtener unos beneficios y recompensas en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico, que se intensificó con la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia en 2002.

Soto, que era mayor en el Ejército y trabajó además en el Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), una unidad especial que lucha contra el secuestro, incluso participó contratando las personas que luego buscaban a los civiles que eran ejecutados por sus hombres.

El dinero que le era dado para comprar más armas o implementos fue utilizado para pagar «reclutadores«, personas que conseguían los civiles que el Ejército mató en varias partes del país.

«Yo no voy a decir, que fui el que inicié eso en el Gaula, ya los soldados sabían cómo presentar las muertes, como hacerlo, inclusive ellos me decían: ‘toca salir siempre con el arma’. Cuando salíamos a una operación y como era una unidad antiextorsión y antisecuestro, si se cogía (capturaba) a la persona en una captura, la orden era darlo de baja, presentarlo como muerte en combate«, reveló el exmilitar.

La Fiscalía de Colombia conoce 2.248 ‘falsos positivos’ cometidos entre 1988 y 2014

Las cifras sobre cuántos crímenes se cometieron varían según los datos oficiales o las de las organizaciones civiles de Derechos Humanos. La Fiscalía de Colombia contabilizó 2.248 muertes entre 1988 y 2014, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) registró 1741 víctimas entre 1984 y 2011.

El testimonio de Soto no es el único que ya forma parte del acervo probatorio de la Justicia Especial para la Paz (JEP), un tribunal de Justicia transicional que nació de los Acuerdos de paz en La Habana entre el Estado Colombiano y la exguerrilla de las FARC. Una instancia que busca verdad y Justicia de los miles de crímenes de guerra en casi seis décadas de conflicto.

‘Los falsos positivos‘ hacen parte del macrocaso 03 de la JEP: «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado«, en el cual hasta ahora se han presentado 172 versiones de miembros de la fuerza pública.

«Yo no maté pero sí predispuse para que los hechos se cometieran»

Uno de los oficiales que ha dado su versión en la JEP es el excoronel Gabriel de Jesús Rincón, sentenciado a 46 años de prisión por el asesinato de cinco jóvenes. Entre 2006 y 2008 fue oficial de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.

El oficial está involucrado en uno de las casos más dramáticos de los miles de falsos positivos en Colombia: el de las Madres de Soacha.

Soacha es un municipio aledaño y periférico de Bogotá donde viven personas que han sido desplazadas por el conflicto armado. Las condiciones sociales son precarias y miles de familias humildes viven del día a día. Bajo las recientes medidas de aislamiento decretadas para contener el Covid-19, muchas casas pusieron trapos rojos como símbolo de que necesitaban ayuda en alimentos.

De un lugar así sacaron a decenas de jóvenes para lograr premios y méritos del Ejército. Los jóvenes eran engañados por «reclutadores» bajo la promesa de un trabajo. Muchos aceptaron con la idea de ayudar a sus familias.

En Ocaña, al otro lado del país, estaba el oficial Gabriel de Jesús Rincón. En una región que aún ahora maneja un complejo clima de orden público, guerrillas y grupos vinculados con el narcotráfico se disputan los territorios y en esencia los cultivos de coca. En ese panorama los soldados buscaban días de descanso o reconocimiento para salir.

Rincón contó a la AFP: «Ellos ya sabían cómo era la práctica de esa unidad, entonces yo no entré a explicarles lo que tenían que hacer. Lo único que les dije: ‘van a salir a esta operación, les van a acomodar y a entregar unas personas, y ustedes ya saben que es lo que tienen que hacer‘».

El exuniformado dice que más que el reconocimiento, buscaba aliviar la presión de sus superiores. La mayoría de los ‘falsos positivos‘ se cometieron entre el año 2000 y 2010, cuando se cumplía la mitad del periodo del presidente Andrés Pastrana, que fracasó en unos diálogos de paz con las FARC en el Caguán, y los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que adelantó una temida ofensiva contrainsurgente.

La mano derecha de Uribe en ese tiempo fue el general Mario Montoya, acusado por varios testigos de estar detrás de la estrategia de instigación que escribió la peor parte del capítulo de las ejecuciones extrajudiciales.

Rincón dijo a la AFP: «Las instigaciones, lo llamo así, hacia los comandantes de pelotón, tenían que dar resultados como fuera. Y esos como fueran los llevaban a que ellos cometieron prácticas, de esos asesinatos no en forma legal, pero dándole los visos de legalidad para que se mostrará a la opinión pública de que eran resultados en muerte en combate donde realmente no lo eran«.

La larga lucha de las Madres de Soacha por encontrar Justicia 

Algunos de los civiles asesinados por los militares en Ocaña fueron los hijos de un grupo de madres que son ampliamente conocidas en Colombia. Las Madres de Soacha fueron las primeras en denunciar lo que muchos no querían creer: que el Ejército estaba matando inocentes.

Sus hijos terminaron asesinados. Las madres rechazaron los señalamientos de que eran guerrilleros y empezaron una larga lucha por Justicia y para limpiar el nombre de sus hijos. Algunos de ellos fueron asesinados horas después de haber desaparecido de Soacha y presentados con uniformes y armas de dotación al otro extremo del país.

Carmenza Gómez, madre de uno de esos muchachos, dijo a la AFP que «los habían emborrachado y los llevaron hacia donde había un falso retén del Ejército y allí los reclutadores los entregaban al Ejército. Al otro día amanecieron los muchachos muertos«.

Luz Marina Bernal es otra de las madres de luto. Su hijo tenía un leve retraso por un accidente que ella sufrió durante el embarazo. A pesar de tener la apariencia y la edad de un hombre en sus veinte, tenía la mente de un niño. En el barrio le decían ‘El Gringo‘ y siempre estaba presto a ayudar en los trasteos o en los mandados por monedas que a veces ni sabía contar.

Él fue otra de las víctimas del Ejército. Lo mataron y lo presentaron como guerrillero caído en combate.

Bernal se convirtió desde entonces en una defensora de derechos humanos que busca Justicia y verdad. Tiene reparos sobre la JEP, cree que el caso de su hijo puede quedar en la impunidad.

Sin embargo, nunca ha dejado de denunciar. En sus redes sociales tiene fijado un tuit con el mensaje: «Me di cuenta que el corazón humano no está hecho para rendirse».

Fuente: AFP

Mayo 14 de 2020