Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Informe de Human Rights Watch (HRW)

Más de 400 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia desde 2016 mientras el gobierno reacciona lenta y deficientemente para prevenir esos homicidios, denunció la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW).

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo que “Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina, y la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”.

“El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, agregó Vivanco.

“Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina y la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”:

De acuerdo con el informe difundido por HRW, los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado desde la desmovilización de la guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como parte del acuerdo de paz de 2016 entre esa guerrilla y el gobierno colombiano.

Otros grupos armados, incluyendo varios que surgieron de las FARC y que son conocidos como “disidencias”, han llenado ese vacío, disputan el control de los territorios, desarrollan actividades ilegales y cometen ataques contra civiles.

Al menos 49 de los activistas humanitarios asesinados desde 2016 era mujeres, recuerda el informe “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, de HRW.

“El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, según el informe.

Los asesinatos obedecen a dinámicas distintas según la región. En el departamento del Cauca (suroeste), las disidencias han asesinado a numerosos defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas nasa que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios.

Esos grupos “tienen armas, carros, dinero, todo para hacernos la guerra. Nosotros solo tenemos nuestros bastones de mando que simbolizan nuestra autoridad, nuestra resistencia pacífica y la defensa que hacemos de nuestro territorio”, dijo un líder indígena en una de las decenas de entrevistas hechas por HRW.

En Tumaco (Nariño, frontera con Ecuador), los grupos armados han asesinado a defensores de derechos humanos por supuestamente colaborar con el Ejército o desobedecer las “órdenes” de los grupos.

También han amenazado a las personas que apoyan proyectos para sustituir con siembras de alimentos los cultivos de coca, materia prima para elaborar cocaína.

Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre, según HRW.

La Unidad Nacional de Protección, una entidad del Ministerio del Interior, desde 2011 a cargo de la protección de personas en riesgo, hace esfuerzos para la protección individual de ciertos defensores, pero a la de aquellos que reciben amenazas con antelación y las denuncian a la Fiscalía.

La Unidad también ofrece protección colectiva a comunidades o grupos, pero su presupuesto es muy limitado y rechaza la mayoría de las solicitudes que recibe.

El gobierno tampoco ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entidad que se ocupa de políticas para desmantelar a los grupos criminales responsables de los asesinatos de defensores de derechos humanos, y no ha logrado resultados concretos.

Más significativos han sido los esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes, y la Fiscalía ha logrado 59 condenas por asesinatos de defensores derechos humanos cometidos desde 2016, pero hay un número limitado de investigadores, fiscales y jueces en las áreas más críticas.

HRW pidió a Duque “realizar esfuerzos genuinos para financiar e implementar políticas efectivas que prevengan los asesinatos”, y que tengan en cuenta el origen étnico, el género, la raza y otras características que pueden influir en los riesgos y las necesidades de los defensores de derechos humanos en el país.

VER: INFORME DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 2021 – HUMAN RIGHTS WATCH