En fallo histórico Corte Suprema ordena al Gobierno protección inmediata de la Amazonía Colombiana

El Alto Tribunal advierte sobre el alarmante incremento del 44% en la deforestación en el Amazonas y que el Estado no ha enfrentado esta problemática.

Tras advertir el alarmante incremento del 44% en la deforestación en el Amazonas (de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016) y que el Estado no ha enfrentado esta problemática, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Presidencia y a las demás autoridades del Gobierno involucradas en esta responsabilidad, adoptar un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger a la Amazonía Colombiana.

La Corte determinó que existe una relación entre la deforestación y la expansión de la frontera agrícola, los narcocultivos, la minería ilegal y la tala ilícita de los bosques de la región.

“Los reseñados factores generan directamente la deforestación de la Amazonía, provocando a corto, mediano y largo plazo, un perjuicio inminente y grave para los niños, adolescentes y adultos que acuden a esta acción y, en general, a todos los habitantes del territorio nacional, tanto para las generaciones presentes como las futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, alterando el recurso hídrico y con ello, el abastecimiento de agua de los centros poblados y degradación del suelo”, dice el documento.

El Alto Tribunal advirtió además que las corporaciones autónomas regionales no están cumpliendo sus funciones de evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de sancionar la violación de normas de protección ambiental.

Entre las acciones ordenadas, la Sala de Casación Civil pidió la elaboración del “Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC” para reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero, y la incorporación de componentes de preservación medioambiental en los planes municipales de ordenamiento territorial.

En consecuencia, el Gobierno deberá, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la tutela, formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático.

Adicionalmente, deberá en las 48 horas siguientes a la notificación de la tutela, incrementar las acciones tendientes a mitigar la deforestación y presentar con mensaje de urgencia las denuncias ante las entidades administrativas y judiciales correspondientes.

La decisión se dio luego de estudiar una tutela que buscaba proteger los derechos a un ambiente sano, vida y salud de un grupo de 25 niños y niñas representados por el director del Centro de Estudios De Justicia.

“Se trata de un fallo histórico tanto nacional como internacionalmente”, sostuvo César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y abogado de los jóvenes que presentaron la tutela. “En el plano nacional, reconoce categóricamente que las generaciones futuras son sujetos de derechos y ordena que el gobierno tome acciones concretas para proteger el país y el planeta que les corresponderá vivir”, agregó.

La sentencia también sienta un precedente en el derecho y las acciones contra el cambio climático. Como lo sostuvo Rodríguez, “el fallo es un paso fundamental en la dirección que ya venían dando otras cortes alrededor del mundo, que han ordenado a los gobiernos cumplir y aumentar sus compromisos contra el calentamiento global. En este caso, además de recoger el consenso científico sobre la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático, el fallo avanza al declarar la Amazonía como sujeto de derechos, lo que permite proteger ese ecosistema esencial para Colombia y la humanidad”.

Los principales llamados de la Corte

La deforestación de la Amazonia provoca un perjuicio inminente y grave para todos los colombianos, para las generaciones presentes y futuras, pues desboca incontroladamente la emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera, produciendo el efecto invernadero, el cual transforma y fragmenta ecosistemas, y altera el recurso hídrico.

El deterioro creciente del medio ambiente es un atentado grave para la vida actual y venidera y de los otros derechos fundamentales; agota paulatinamente la vida y todos los derechos conexos con ella.

La imposibilidad de ejercer los derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y disfrutar de un ambiente sano está enfermando a los colombianos, aumenta la carencia de agua dulce y disminuye las expectativas de vida digna.

La protección de los derechos fundamentales no implica sólo a cada individuo sino al “otro”. Y abarca también a quienes no han nacido y merecen disfrutar de las mismas condiciones medio ambientales vividas por nosotros.

Sin no tenemos un criterio equitativo y prudente de consumo, la especie humana podrá verse comprometida en el futuro por la escasez de recursos imprescindibles para la vida. Solidaridad y ambientalismo se “relacionan hasta convertirse en lo mismo”.

Todos tenemos el deber de dejar de pensar exclusivamente en el interés propio. Estamos obligados a considerar la manera en que nuestras obras y conductas diarias inciden en la sociedad y en la naturaleza.

Lea aquí en exclusiva el fallo de la Corte: Corte Suprema de Justicia – Cambio Climático

Abril 6 de 2018