Examen de Estado para estudiantes de Derecho: A un paso de convertirse en ley

El proyecto fue aprobado en su último debate por parte de la Cámara de Representantes.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate un proyecto de ley que pretende implementar un examen de Estado para quienes aspiren a obtener el título de abogado. Dicho examen estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y sería requisito para la expedición de la tarjeta profesional.

Para el congresista Germán Navas Talero, ponente y uno de los autores de la iniciativa, la práctica de la profesión de abogado entraña un riesgo social teniendo en cuenta la relación existente con la Justicia y su posible afectación a terceros, lo que implica la responsabilidad del Estado para garantizar la idoneidad de quienes ejercen la misma.

Y es que para el representante Navas “uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando de las Facultades de Derecho del país. No hay que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las faltas que estas personas cometen, muchas veces, son ocasionadas por vacíos en su formación.”

De convertirse en ley, para poder ejercer la profesión de abogado, el egresado deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen. La prueba solo aplicaría para quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la norma.

El proyecto además cuenta con el beneplácito del Ministerio de Justicia, que encuentra “conveniente las medidas que se intentan adoptar” con la mencionada iniciativa, para que “todos los ciudadanos que precisen el servicio de un abogado, obtengan un servicio calificado, eficiente y con alta calidad ética”, según el propio jefe de la Cartera, Enrique Gil Botero.

Los autores de la iniciativa concluyen que el examen se hace necesario debido a que, con fundamento en estadísticas, existe una gran proliferación de abogados y la tasa apunta al crecimiento; todo ello sin ningún tipo de control académico concreto por parte del Estado para garantizar la idoneidad que requeriría dicha profesión respecto a su responsabilidad social.

El proyecto deberá ser conciliado por las dos cámaras legislativas y posteriormente pasaría a sanción presidencial. Los autores son los congresistas Germán Varón, Angélica Lozano, Germán Navas Talero, Carlos Abraham Jiménez, Jhon Eduardo Molina y Rodrigo Lara Restrepo.

Abril 4 de 2018