En España piden cárcel para director de cine por inflar el número de espectadores de su película

La Fiscalía acusa al director de cine Emilio Ruiz Barrachina, junto con los dueños de varios cines, de inflar la recaudación de “El Discípulo” para recibir subvenciones del Estado español.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido dos años de prisión para el director de cine Emilio Ruiz Barrachina, al que acusa de inflar la recaudación de su película “El Discípulo” para poder obtener una subvención del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), perteneciente al Ministerio de Cultura de España.

La Fiscalía considera que Ruiz Barrachina, a través de su productora Ircania y en connivencia con los responsables de los Cines Luchana (Madrid), Pequeño Cine Estudio (Madrid) y Casablanca (Valladolid),incrementó ficticiamente el número de espectadores en los citados cines para obtener una recaudación superior a 330.557 euros, cifra necesaria para obtener la subvención del ICAA.

Ruiz Barrachina solicitó al ICAA el 15 de agosto de 2011 la ayuda general y complementaria a la amortización de largometrajes del año 2010, que le fue concedida para la película “El Discípulo”, que versiona a su manera la vida de Jesucristo y que está protagonizada entre otros por los actores Juanjo Puigcorbé, Ruth Gabriel y Ciro Miró. Esta ayuda le fue finalmente concedida en noviembre de ese año, y le fue pagada en diciembre.

La subvención ascendió a 576.107,06 euros, tras haber declarado una recaudación bruta de 341.284,04 euros, unos 11.000 por encima de la cantidad precisa para percibirla.

Incremento ficticio

En julio de 2015 el ICAA inició el expediente de reintegro de la subvención, al estimar que había sido obtenida “mediante incremento ficticio de espectadores”.

Ahora la Fiscalía acusa a Ruiz Barrachina, Natalia Gago Perales (Cines Luchana), José Ramón Gago Perales, Teresita del Niño Jesús Perales de la Cal (Pequeño Cine Estudio) y José María Álvarez García (Cine Casablanca) de un delito de fraude de subvenciones.

Por este presunto hecho delictivo reclaman dos años de prisión para cada uno, una multa de un millón de euros, y la imposibilidad de recibir incentivos, ayudas fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. Además, la Fiscalía reclama que indemnicen al ICAA con 548.460,81 euros, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria por la cantidad que les fue adjudicada en la subvención, aparte de las penas anteriormente citadas.

Diciembre 27 de 2017