Basuras Cero: la respuesta de Gustavo Petro

El exalcalde de Bogotá contesta a la columna de Germán Manga sobre el fallo del Tribunal de Cundinamarca acerca de la recolección de basuras.

Por Gustavo Petro

La alegría en la gran prensa y en artículos de periodistas celebrando el fallo del tribunal de Cundinamarca que suspende la reforma estatutaria de la empresa de Acueducto de Bogotá del 2012, muestra hasta qué punto se ha dejado de investigar en Colombia y hasta qué punto los grandes intereses económicos dominan la comunicación del país

El fallo del Tribunal administrativo de Cundinamarca que anuló la reforma estatutaria que hicimos en el 2012 no suspende las funciones que la empresa tiene en aseo.

Las facultades que la empresa de Acueducto y su filial Aguas De Bogotá tienen para prestar el servicio público domiciliario de aseo se desprenden del artículo 22 del acuerdo 30 de 1958 del Concejo de Bogotá y del acuerdo 11 del 2010 de la junta directiva de la Empresa, dos años antes de mi gobierno, que permitió la facturación del aseo y la reforma del objeto social en su literal f que dice “f. Operar y gestionar proyectos de saneamiento básico integral, manejo de residuos líquidos y sólidos, energía y mecanismos de desarrollo limpio.”

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no anuló ninguna de esas normas y reformas.

El saneamiento básico, que es un derecho fundamental, se compone del tratamiento de residuos líquidos o alcantarillado y plantas de tratamiento que la empresa tiene desde su nacimiento; y del tratamiento de residuos sólidos o aseo y su tratamiento que la empresa tiene desde 1958 y explícitamente desde el año 2010.

En otras palabras, la facultad de la empresa para prestar el servicio de aseo, residuos sólidos, no nace de nuestra actuación del 2012 en la junta, sino dos años atrás en el 2010.

Es decir que el concejal del cartel de la contratación Orlando Parada quien puso la demanda contra el acuerdo del 2012 y el procurador Ordoñez, en apoyo a Parada, que apeló la decisión del juez administrativo que falló a favor de las facultades que teníamos para reformar estatutos en 2012, se equivocaron.

Su intención era dañar la posibilidad de prestación del servicio de aseo por parte de la empresa pública a favor de los cuatro contratistas privados de una licitación declarada inconstitucional. Pero su ignorancia no les permitió ver que la base jurídica no era el acuerdo de la junta directiva del 2012 sino el acuerdo 11 del 2010 que no demandaron.

El objeto social de la EAB que permite operar el servicio de aseo no se estableció por decisión nuestra en el 2012 sino, dos años antes, en el gobierno de Samuel Moreno, por eso Aguas de Bogotá pudo operar el relleno sanitario.

Las decisiones que permiten operar el aseo a la Empresa de Acueducto y a Aguas de Bogotá siguen jurídicamente en pie, así Peñalosa quiera excluir ahora a la EAB y a Aguas de Bogotá de la nueva licitación. Igual sigue en pie el decreto sobre el modelo de aseo que expedí, que establece el programa Basuras Cero y la remuneración a recicladores y que aún hoy rige la operación. El Decreto 564 es completamente legal cinco años después de su expedición.

Germán Manga, periodista y profesor de periodismo, dice en su artículo en Semana http://www.semana.com/opinion/articulo/las-basuras-de-petro-de-german-manga/542848 algo completamente equivocado y desinformador.

El periodista que pide mi encarcelamiento, se equivoca no solo en cantar en alegría por el hundimiento jurídico de la operación de aseo, que como dije sigue en pie, sino en las cuentas financieras que hace de la operación. Germán Manga dice que las pérdidas de la ciudad son del orden de 200.000 millones. Una calumnia.

Como la mayoría de los periodistas defensores de la operación privada corrupta que se instaló desde el año 2003, solo hace la sumatoria de los costos y gastos de la operación: lo que cuesta la flota, el arrendamiento de los vehículos iniciales, el gasto de nómina; y olvida lo esencial para no desinformar a la ciudadanía: sumar también los ingresos y comparar ingresos y gastos. Lo que cualquier estudiante de contabilidad aprende a hacer en su primer mes de estudio.

Si solo esta mínima actividad investigativa hiciera, se daría cuenta que los ingresos, que provienen de las tarifas que pagan los usuarios, es superior a los gastos; que la empresa Aguas de Bogotá, quien hace la operación, realiza cada año. La empresa Aguas de Bogotá ha dado utilidades y por tanto en lugar de demandar recursos de la ciudad como falsamente dice Germán Manga, los ha aportado.

Si tuviera un mínimo deseo investigativo, y no el profundo prejuicio ideológico del que padece, se habría dado cuenta que entre los gastos está la partida que año tras año repone el valor de la flota, hasta por siete años con pago de intereses a Acueducto, que si esta administración quisiera ya podría renovar los equipos por equipos nuevos sin inversión adicional, que con los fondos de reposición y con trabajadores mejor pagos, la mayoría desplazados por la violencia, aún la empresa da utilidades con tarifas menores a la que cobraban los empresarios privados de la licitación inconstitucional del aseo.

Que el uso de volquetas arrendadas en diciembre del 2012, se debió no a la imprevisión, ya dos meses atrás se había comprado la flota nueva y estaba en fabricación, sino que para el 18 de diciembre terminaban los contratos de los operadores privados y que, según la ley, que violaron, debían poner a disposición ese día la flota de compactadores que desde ese momento eran propiedad del Distrito por la cláusula de reversión de bienes que tiene toda concesión en Colombia.

Que la flota de compactadores arrendada mientras llegaba la flota nueva se pagó con tarifas de los usuarios y no con recursos presupuestales, y que las tarifas de los usuarios no subieron, sino que bajaron en toda la ciudad. Ahora anuncian la privatización del servicio, y que coincidencia, anuncian también un salto hacia arriba de las tarifas.

Que al contrario de lo que dice Manga, no compramos excesivamente compactadores, pues una vez optimizada la operación, dejaban de laborar en Bogotá, pero podían laborar en cualquier lugar del país bajo la libre competencia, comenzando por Soacha. Manga no se pregunta por qué Peñalosa no ha extendido la operación pública de aseo de la empresa de Acueducto al resto del país. No lo va a preguntar porque no entienden como una empresa pública puede expandirse tal como lo hicimos con EEB, con TGI y con ETB, y menos entienden que la operación pública se pueda extender restando mercados a los zares privados del aseo en Colombia.

Es decir, Manga no puede entender que el modelo de aseo “Basuras Cero” con empresa pública incluida es más barato y más eficiente que el totalmente privatizado.

Si tuviera un mínimo criterio investigativo, Germán Manga se habría dado cuenta que lo primero que hizo el modelo de aseo que aplicamos fue quitar los cincuenta mil millones anuales, que en diez años de existencia sumó medio billón de pesos, que los empresarios privados cobraron en exceso y de manera esa si ilegal, desde el 2003, y que solo ese hecho permitió bajar tarifas, dar utilidades y pagar por primera vez en la historia a 14.000 familias recicladoras como lo ordenó la Corte Constitucional. Este cobro excesivo e ilegal fue denunciado por la Contralora General de la República sin investigación en la Fiscalía y bajo el silencio sorprendente de la prensa.

Es decir que contrario a que Bogotá haya perdido 200.000 millones de pesos como afirma Manga, no le dejamos perder a los usuarios medio billón de pesos que ilegalmente le cobraron desde el año 2003 hasta el 2012.

Un modelo de aseo legal hoy, que ha operado durante cinco años, que cumple la sentencia de la corte sobre recicladores, que es más barato a los usuarios del aseo, léase a toda la ciudad, que da utilidades, pero que como tiene un eje vertebrador en una empresa pública y no en el negocio fraudulento de los amigos contratistas de varios directores de medios de comunicación es falseado, desinformado y condenado a perecer para fortalecer de nuevo el negocio de cuatro zares, alguno de ellos con vínculos con el paramilitarismo narcotraficante, y aplastar a quienes se opongan comenzando por los vecinos del relleno sanitario, los pobres, los recicladores, y la población femenina víctima de la violencia que son la mayoría de los trabajadores de Aguas de Bogotá.

El programa Basura Cero es un programa mundial que busca mitigar el cambio climático a partir de eliminar progresivamente los rellenos sanitarios y reemplazarlos por el reciclaje. Cuando la ciudad sea retornada al modelo anacrónico de enterradores de basura privados a altos costos financieros y ambientales, se verá con mayor brillo lo que Bogotá humana hizo en el aseo.

Me propongo si llego a dirigir el país, extender el programa Basuras Cero a toda Colombia. El Reciclaje es imperioso y el saneamiento básico como derecho debe transformarse en una realidad.

PD: Y para información del periodista que menciono, mi restitución a la alcaldía en abril del 2013 se debió no a la medida cautelar aprobada unánimemente por la CIDH y rechazada por Santos, sino a la tutela de la sala de tierras del tribunal civil de Bogotá y a la medida cautelar del magistrado del Consejo de Estado Gerardo Arenas, aún hoy vigente.

Octubre  9 de 2017