ONU pide protección de la población en Colombia debido al aumento de la violencia

Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó su informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales.

La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014.

Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde continuas disputas por el control de las actividades ilícitas fueron una de las principales causas de esta violencia. El informe menciona ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de grupos criminales, algunos conformados por antiguos integrantes de las FARC-EP, pero también de autodefensas, como el Clan del Golfo y organizaciones criminales transnacionales.

La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado.

No hay suficiente protección del Estado

La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales.

La falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.

“Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, la Oficina observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”.

Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia.

Asesinatos a defensores de los derechos humanos

Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, asegura el informe.

En 2019, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. “Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos”, afirma el texto.

Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.

Además, en 2019, la Fundación para la Libertad de Prensa registró 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en Arauca, así como agresiones en Cesar, Magdalena y Bogotá.

La Oficina saludó el reconocimiento del presidente Duque sobre la legitimidad e importancia de las personas defensoras de derechos humanos, sin embargo, personas defensoras que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, continuaron siendo víctimas de hostigamientos.

En septiembre, se documentó “un caso en Bogotá en el que un defensor que participaba en procesos judiciales relacionados con presuntas privaciones arbitrarias de la vida fue amenazado y luego sufrió un robo de información sensible relacionada con esos procesos”, se lee en el informe.

La Oficina resaltó la necesidad de incrementar la implementación de las medidas de protección colectivas para atender los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones, a través de la coordinación de las distintas autoridades para avanzar en la garantía de los derechos humanos.

El acceso a la justicia

“La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos  valora los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación para investigar los casos que ha reportado. En este sentido, se observaron algunos avances en el 55% de los casos ocurridos entre 2016 y 2019. Sin embargo, subsistieron retos para la judicialización de los autores intelectuales de las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos”.

Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018.

Según el informe, la falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia.

“La Fiscalía General de la Nación tiene presencia en casi la mitad de los municipios del país. Sin embargo, continuó enfrentando serios retos para llegar a las zonas rurales, especialmente en Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés, afectando seriamente su capacidad de garantizar el acceso a la justicia para todos. Esta limitada presencia se atribuyó a insuficientes recursos materiales, técnicos y humanos, y especialmente a la falta de medidas de protección adecuadas que permitan a los fiscales e investigadores realizar, de manera segura, su trabajo en zonas rurales”.

 La Oficina también denunció que la excesiva carga laboral de los fiscales también afecta el avance de las investigaciones y el insuficiente número de policía judicial y la tardía respuesta del apoyo pericial exacerbó esta situación.

 Además, observó “la no aplicación, por parte de algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño, de los protocolos de la Fiscalía General de la Nación relacionados con presuntos casos de desaparición forzada, en particular respecto a la inmediata activación del mecanismo de búsqueda urgente”, afirma el reporte.

Uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales

El informe denuncia que, durante las protestas sociales en el 2019, algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. Previamente, ya la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia había explícitamente expresado su preocupación con respecto a los procedimientos de intervención del Escuadrón.

 En el documento se menciona una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá, cometida por un agente del ESMAD armado con un rifle de calibre 12, cargado con munición del tipo beanbag. Algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales.

Las protestas implicaron varios ataques contra periodistas y representantes de medios alternativos, incluidas agresiones físicas y obstrucción a labor periodística.

Entre el 22 y el 26 de noviembre, al menos 36 manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas policiales sufrieron lesiones que requirieron de hospitalización. Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas.

Algunos manifestantes fueron presuntamente arrestados y golpeados por miembros de la policía, trasladados a las estaciones de policía y forzados a admitir comportamientos violentos, siendo multados por ello. En Bogotá, se reportó el caso de una joven mujer que fue golpeada por cinco oficiales de policía mientras filmaba un documental sobre las protestas, resultando con lesiones graves en su cabeza.

Si bien se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, ésta calificó el trato sufrido por la víctima como abuso de autoridad.

 La Oficina de la ONU encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo manifiesta “su preocupación porque muchas de las detenciones ocurridas durante las protestas resultaron del uso frecuente de una medida administrativa denominada ‘traslado por protección’. Esta medida otorga facultades discrecionales a la policía para limitar el derecho a la libertad personal”.

Las protestas implicaron varios ataques contra periodistas y representantes de medios alternativos, asegura el informe, incluidas agresiones físicas y obstrucción a labor periodística. Se documentaron tres casos de presunto uso excesivo de la fuerza y cuatro casos de detenciones arbitrarias que afectaron a periodistas.

Además, cuarenta y ocho horas antes de la primera protesta, se reportó que la policía judicial efectuó al menos 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín.

Asesinatos a indígenas

La Oficina manifestó asimismo su profunda preocupación por el alto número de asesinatos de indígenas en el Cauca.

“En 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”.

El informe dice que es urgente que se adopten medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas.

Violencia sexual y de género, la tasa más alta en los últimos 10 años

Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017. Esta tasa fue la más alta en los últimos 10 años.

Del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edad de las víctimas fue de 12 años.  La Oficina documentó 13 casos con 15 mujeres víctimas incluyendo 13 niñas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. En 10 de estos casos, los presuntos perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otros grupos violentos, mientras que en tres casos miembros del ejército estuvieron presuntamente involucrados.

“El ACNUDH tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en relación con estos últimos tres casos. La respuesta de las autoridades a la violencia sexual y basada en el género continuó siendo insuficiente”.

La Oficina observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual. En Arauca, la Fiscalía General de la Nación denegó el acceso a la justicia a una mujer con discapacidad, víctima de violencia sexual, específicamente por no proporcionarle un intérprete que pudiera haberle permitido dar su testimonio. En Guaviare, la policía no activó el mecanismo de búsqueda urgente de una niña indígena desaparecida quien había sido víctima de violencia sexual.

Avances en la justicia en el marco del proceso de paz

La Oficina de la Alta Comisionada observó avances en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición establecido en el Acuerdo de Paz. Durante 2019 se consolidó su alcance territorial con 66 presencias, lo cual facilitó la participación de las víctimas.

“Los mecanismos del Sistema Integral también realizaron valiosos esfuerzos para incluir un enfoque étnico en su trabajo para garantizar la consulta previa, libre e informada, de conformidad con las normas y estándares internacionales. También adoptaron protocolos de relacionamiento con los pueblos indígenas y de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los pueblos indígenas han tenido un papel fundamental en los procesos, tanto para el esclarecimiento de la verdad como en la búsqueda de personas desaparecidas”.

Recomendaciones

La Oficina emitió recomendaciones en el informe entre las que se encuentran:

• Exhorta al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz, de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
• Insta al Estado a incrementar los esfuerzos para establecer una mayor presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales
• Alienta a la Fiscalía General de la Nación a ampliar sus investigaciones sobre las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales de estas agresiones.
• Recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia
• Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social
• Urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD durante las recientes protestas sociales. Asimismo, el ACNUDH insta a que se inicie 24 una profunda transformación del ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales
• Urge al Estado a reducir la impunidad y atender los desafíos relacionados con el acceso a la justicia, garantizando que todas las violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigadas y sus presuntos perpetradores sean procesados
• Insta a las autoridades pertinentes a garantizar el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del ejército y/o la policía, y asegurar que la justicia ordinaria mantenga su competencia sobre estas investigaciones
• Alienta a la Fiscalía General de la Nación a aplicar consistente e integralmente los Protocolos de Minnesota y de Estambul en las investigaciones de violaciones que involucran presuntamente al ejército y/o a la policía
• Urge al Ministerio del Interior a continuar la ruta concertada con los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en relación con las propuestas de reglamentación de la consulta previa, libre e informada
• Insta a las nuevas autoridades regionales a priorizar, en sus planes de desarrollo, programas y proyectos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.