EE.UU. y la guerra (contra las drogas) en Colombia, México y Centroamérica

 

Por: Aníbal García Fernández / CELAG

Desde la década de los ochenta, ya se perfilaba lo que vendría a continuar la política contrainsurgente y la continuidad en la militarización ahora a nivel global. Desde esta visión se definieron los nuevos factores de “inestabilidad” para el sistema capitalista como la pobreza, el cambio climático, los desastres naturales, la migración y el narcotráfico.

La guerra contra las drogas impulsada desde el gobierno estadounidense ha logrado disminuir el tráfico de drogas – y con ello regular dicho mercado en su territorio–, pero también, derivado de ello, ha generado mayor inestabilidad ahí donde se aplican este tipo de planes aunado a una creciente militarización acompañada de violencia cotidiana, violaciones a derechos humanos y el debilitamiento del tejido social.[1] Lo que tenemos es una justificación para la utilización de medidas militarizadas encaminadas a enfrentar problemas de diversa índole.

Plan «Paz Colombia» y persistencia del núcleo militar

A partir de las negociaciones de paz, el plan Colombia ha mutado al plan “Paz Colombia”, que incluye los acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. Sin embargo, el núcleo de la asistencia sigue siendo militar[2]: el financiamiento a la asistencia militar y policial, tan sólo en 2017, alcanzó los 204 millones de dólares y en total el Plan Colombia recibió un financiamiento de 391 millones de dólares.

Para el año fiscal 2018, la propuesta del gobierno de Trump es de 251.4 millones de dólares.[3] De ser aprobado el presupuesto, sería el más bajo para Colombia desde 1998. El nuevo Plan Paz Colombia está compuesto por cinco rubros:

Apoyo Económico. Destinado a apoyar esfuerzos de “Paz Territorial” y fortalecer la presencia estatal en zonas donde no tuvo presencia durante el conflicto. Además, cuenta programas dirigidos a víctimas, minorías étnicas, justicia, derechos humanos, entre otros.

Control Antinarcóticos Internacional. Este rubro destina gran parte del presupuesto a la Policía Nacional, para que tenga presencia en el territorio que estuvo en conflicto. Este rubro también destina presupuesto para los asesores colombianos en otros países.

Financiamiento del Departamento de Defensa. Este rubro es completamente militar y contempla seguir con políticas antinarcóticos en Colombia.

Financiamiento Militar en el Exterior. Este rubro tampoco está claro, pero desde el gobierno estadounidense se mencionó que «continuará apoyando los esfuerzos colombianos de garantizar que sus ganancias en seguridad sean irreversibles, y apoyando la transición de la relación bilateral hacia la de una asociación estratégica«.[4]

Programa Antiterrorismo Desminado y de No Proliferación. Este rubro cuenta también con el apoyo noruego y forma parte de un programa multilateral de desminado en las zonas que estuvieron en conflicto.

A pesar de las críticas de gobiernos de la región, organismos internaciones e incluso de instituciones estadounidenses, hay un consenso en el establishment que, a la luz del tiempo, mira al “Plan Colombia» como un «modelo» para exportar debido a su «éxito«. El Jefe de Gabinete de Trump, John F. Kelly, ex Jefe del Comando Sur (SOUTHCOM) mencionó en 2015 que «hace 16 años Colombia era peor que el Triángulo Norte (de Centroamérica). Nosotros le dimos dinero pero ellos hicieron todo (….) Fue una recuperación muy buena. El Milagro Colombiano. Este es el ejemplo que invitamos a los centroamericanos a seguir«.[5]

Iniciativa Mérida, expansión de la frontera de EE.UU.

La expansión del Plan Colombia en la región tomó el nombre de Iniciativa Mérida (IM) en México en 2007. La IM es un acuerdo de «buen entendimiento«, por tanto, no fue firmado por ninguna de las dos cámaras de representantes en México, reforzando así la asimetría histórica entre ambos países, pues impone además de una militarización de la lucha contra el narcotráfico, una serie de reformas judiciales al país que tienen fuerte impacto en la población y en el Estado, incluso tiene rechazo en círculos altos de la política mexicana pues impone, entre otras reformas, crear el Sistema Nacional de Anticorrupción[6], cambios en el sistema penal acusatorio, y se suman a otras reformas estructurales económicas.

Entre los años 2008 y 2017, el Congreso estadounidense asignó más de 2,800 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, de los cuales se han entregado 1.600 millones de dólares. El último año, el Congreso aprobó para el año fiscal 2017, 139 millones para la IM dentro de la Ley de Asignaciones Consolidadas. Por su parte, México invirtió alrededor de 100 mil millones de dólares de sus propios recursos en los mismos años. En la segunda fase de la IM (2010-2017), los recursos se han reducido, particularmente los enfocados al Fondo de Apoyo Económico y el Financiamiento Militar Extranjero, mientras que ha aumentado el Fondo de Apoyo Económico y se mantuvo el Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de Ley, según datos del Departamento de Estado.[7]

La IM consta de cuatro pilares:

Trastornar la capacidad operativa del crimen organizado;

Institucionalizar la capacidad de mantener el estado de derecho;

Crear la estructura fronteriza del Siglo XXI;

Construir comunidades fuertes y resilientes.

Los puntos 3 y 4 son los que concentran los mayores esfuerzos de ambos gobiernos en los últimos años. Desde que se puso en marcha la Iniciativa, ambos gobiernos acordaron cambiar el Sistema Penal Acusatorio en México hacia uno que fuera oral, similar al estadounidense, esta reforma estaba planteada dentro del Pilar 2, así como la reforma a la policía y la modernización del equipo militar de las Fuerzas Armadas la cual incluye capacitación con fuerzas armadas de EE.UU., Colombia e Israel.[8]

El nuevo sistema penal se implementó en 2017 y contó con recursos de la IM que fueron erogados por la USAID, institución que a su vez, contrató a la empresa Chemonics para que se encargara de la promoción del nuevo sistema penal. Chemonics tiene actualmente como directora a Sussana Mudge, con una vasta experiencia en privatización y reestructuración de 5 empresas, desarrollo organizacional, promoción de inversiones y «gestión sostenible de recursos naturales».[9]

Otro rubro que merece especial atención es la denominada Frontera del Siglo XXI, pues implica lo que Alan Bersin, director del Homeland Security declaró en 2012: «la frontera de Guatemala con Chiapas es ahora nuestra frontera sur». Dicha frontera cubre y protege la zona geográfica comercial-militar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual le corresponde a partir del 11/S al Comando Norte de Estados Unidos.

La promulgación de esta nueva frontera pretende que México sea un territorio de contención de amenazas a la seguridad nacional de EE.UU., pues

Propone que México se encargue de «ordenar» el flujo migratorio –en su mayoría centroamericano– hacia territorio estadounidense;

Militarice la guerra contra el narcotráfico y detenga el flujo de estupefacientes hacia EE.UU., sobre todo el fentanilo, pues sirve para producir heroína[10];

Propone a las fuerzas armadas mexicanas como protagonistas en la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica.

Debido a que con la IM las violaciones a derechos humanos y la generalización de la violencia son parte de la vida cotidiana en México, organismos internacionales han hecho recomendaciones al gobierno mexicano, lo cual ha generado desacuerdos en el congreso estadounidense sobre el éxito de la IM. La «gota que derramó el vaso» fue la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en 2014, a partir de ese año se redujo el financiamiento para la IM, pues el Departamento de Estado está sujeto a la Ley Leahy, la cual prohíbe la asistencia en seguridad a fuerzas armadas extranjeras cuando existe información creíble sobre violaciones a derechos humanos. Sin embargo, las FFAA mexicanas siguen teniendo financiamiento de la IM.

Actualmente las FF.AA. mexicanas reciben cursos de capacitación sobre fusión de información, vigilancia, interdicción, ciber-seguridad, logística y desarrollo profesional impartidos por diferentes instituciones del gobierno y las FF.AA. estadounidenses. Incluye el flujo de equipamiento no letal como herramientas de comunicación, modificaciones de aeronaves, visión nocturna, barcos, entre otros rubros[11]. En este contexto, las FFAA mexicanas han asumido un rol importante en la implementación de la política antinarcóticos estadounidense en Centroamérica, previo asesoramiento colombiano y estadounidense.

En abril de 2017, por primera vez el Ejército mexicano operó como anfitrión de la V Conferencia de Seguridad en Centroamérica en la que participaron las FF.AA. de los países centroamericanos además de México y Estados Unidos. Se abordaron temas como la cooperación regional para combatir las amenazas transnacionales, iniciativas para fortalecer la seguridad regional y, por último, el rol de las FF.AA. y de seguridad en apoyo al orden público y para casos de asistencia humanitaria.

Actualmente, el General de Brigada Arturo Javier González Jiménez, miembro del Ejército mexicano se desempeña como instructor en el Colegio Interamericano de Defensa, donde se entrenan militares y civiles de casi todos los países latinoamericanos.

Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI)

Extendiendo la seguridad hemisférica en el continente y cubriendo la región con políticas contra el narcotráfico, Estados Unidos implementa ahora CARSI para el triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala). Después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, se reactivó en Honduras la base militar de Palmerola que aloja al Comando Sur de Estados Unidos.

En 2010 el Ministro de Seguridad de Honduras, Oscar Álvarez, solicitó un «Plan Colombia» para su país. Un año después, el «zar antidrogas» de EE.UU., William Brownfield dio a conocer en Tegucigalpa la CARSI en la cual se incluyó también a Guatemala y El Salvador.[12]

CARSI cuenta con cinco pilares base:

Crear calles seguras para los ciudadanos de la región;

Desplazar el movimiento de delincuentes y contrabando dentro y entre las naciones de Centroamérica;

Apoyar el desarrollo de gobiernos centroamericanos fuertes, capaces y responsables;

Restablecer la presencia eficaz del Estado, los servicios y la seguridad en las comunidades en situación de riesgo;

Fomentar mayores niveles de cooperación entre los países de la región, otros socios internacionales y los donantes a fin de combatir las amenazas a la seguridad regional.[13]

En 2016, Guatemala fue el país que recibió mayor asistencia por parte de Estados Unidos, seguido de Honduras y El Salvador. Es fundamental apuntar que al momento en que la IM entra en su segunda etapa, CARSI comienza a recibir más asistencia para combatir el narcotráfico. El interés de EE.UU. no es únicamente geopolítico, sino geoeconómico, al propiciar la penetración de las empresas y capital estadounidense. Al respecto llama la atención la cooperación energética que tiene desde hace algunos años México con los países que integran CARSI, los acuerdos petroleros, en flujo de energía eléctrica desde México hacia Centroamérica y los proyectos de gasoductos con Guatemala.

La asistencia militar y para el desarrollo funciona en México como en Centroamérica y Colombia como «condición necesaria» para «la democracia, el desarrollo y la estabilidad de la región», según la definición de los sucesivos gobiernos estadounidenses, desde la gestión de Bill Clinton en adelante.[14]

Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado, Guatemala, el mayor receptor de asistencia por parte de EE.UU., es el país más relevante en cuanto al flujo de droga como la amapola y marihuana, además de los vínculos con grupos narcotraficantes de Colombia y México. Por su parte, Honduras es catalogado como país de tránsito por su posición geográfica. El Salvador, además de ser país tránsito, muestra un incremento exponencial del crimen organizado.[15]

Al igual que en México, Chemonics es la encargada de realizar varios proyectos en materia de Derechos Humanos y Seguridad en Centroamérica.[16]  Los aspectos transversales en los tres casos aquí mencionados tienen que ver con un incremento de violencia cotidiana, violaciones a derechos humanos, militarización de la vida social y los constantes hostigamientos y asesinatos contra líderes sociales y políticos. Tan sólo en Colombia de 2016 a lo que va del 2017 se contabilizan más de 186 casos de asesinato de líderes comunitarios y sociales.[17]

En México no disminuyen los hostigamientos y asesinatos contra defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y periodistas.[18]  Algo similar sucede también contra los defensores de derechos humanos y activistas ecológicos en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador.[19]  En este contexto, es sugerente la relación entre la guerra contra las drogas materializada en los programas mencionados y su vínculo con la entrada de capital para la explotación de ciertos recursos, la apertura de mercados, el tráfico de armas y de personas y el modo en que eso se relaciona con luchas sociales de diversa índole (y su consiguiente criminalización y represión), así como con la desestructuración del tejido social, como algunas de las múltiples consecuencias que tiene esta guerra en América Latina.

http://www.celag.org/

[1] http://www.celag.org/impactos-del-plan-colombia-otro-exito-made-in-america

[2] http://www.celag.org/del-soft-power-al-america-first-eeuu-la-asistencia

[3] http://www.semana.com/nacion/articulo/presupuesto-de-trump-propone-recortes-paracolombia/526271

[4] http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9218-paz-colombia-quehay-de-nuevo

[5] http://csis.org/multimedia/leading-nexus-development-and-defense

[6] http://www.animalpolitico.com/2017/07/senadores-sistema-anticorrupcion

[7] https://www.state.gov/f/releases/iab/fy2017cbj/

[8] http://www.jornada.unam.mx/2011/01/23/politica/003n1pol, http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2012/07/03/israel-entrena-50-efectivosmexicanos-cada-ano/

[9] http://www.chemonics.com/OurStory/OurLeadershipTeam/Pages/Susanna-Mudge.aspx, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/83/text

[10] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/83/text

[11] https://www.everycrsreport.com/reports/R41349.html#fn68

[12] http://pencanada.ca/blog/el-proceso-de-remilitarizacion-estadounidense-y-el-fracaso-de-la-guerracontra-las-drogas/

[13] https://2009-2017.state.gov/documents/organization/210231.pdf 8

[14] http://www.celag.org/del-soft-power-al-america-first-eeuu-la-asistencia/

[15] http://es.insightcrime.org/

[16] http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Pages/Central-America-Regional-Trade.aspx

[17] http://www.telesurtv.net/news/186-asesinatos-de-lideres-sociales-desde-2016-en-Colombia- 20170713-0046.html

[18] http://aristeguinoticias.com/0604/mexico/agresiones-contra-periodistas-en-su-punto-mas-altodesde-el-ano-2000-indica-articulo-19/

[19] http://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2016/09/09/honduras-y-guatemala-los-paisesmas-peligrosos-para-los-defensores-del-medio-ambiente/