Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por caso de corrupción en la Ungrd

En los juzgados de Paloquemao, en el centro de Bogotá, se realizó la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía General de la Nación solicitó que los exdirectivos de la Ungrd, además de Luis Eduardo López Rosero, el contratista de los carrotanques de La Guajira, fueran privados de la libertad. Los tres han reconocido su responsabilidad en las irregularidades que rodean el proceso judicial.

Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, aseguró que la detención preventiva en centro carcelario es necesaria porque los implicados “son un peligro para la comunidad”.

Por su parte los abogados de los procesados pidieron que la medida de aseguramiento intramural se cumpla en centros de reclusión militar para que se proteja la vida de sus defendidos, quienes han denunciado amenazas, dicen ellos, producto de lo que saben sobre el caso.

Previo al inicio de la audiencia, José Moreno, abogado de López, aseguró que su apoderado “ha recibido amenazas y otro tipo de intimidaciones”, pero que su postura sigue siendo la de “asumir las consecuencias de sus actos”.

Los implicados ya habían sido imputados por los siguientes delitos: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Los dos protagonistas del escándalo de la Ungrd han ‘salpicado‘ a funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González, Luis Fernando Velasco y Sandra Ortiz.

Funcionamiento de la estructura criminal

La Fiscalía aseguró que en Bogotá, desde por lo menos mayo de 2023 a marzo de 2024, se gestó la organización criminar para “cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en las modalidades de contrataciones privadas de la Ungrd”.

El ente investigador mencionó a las siguientes personas:

• Olmedo López, director de la Ungrd
• Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de desastres
• Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico de la dirección
• Luis Carlos Barreto y César Manrique Soacha, director de Función Pública
• Luis Eduardo López Rosero, empresario y contratista

Según la delegada del ente acusador, Olmedo López, en calidad de director de la Ungrd, coordinó con Sneyder Pinilla la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortiz, quien para la época era la consejera presidencial para las regiones.

Asimismo, entregaron mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, en Montería, Córdoba. Esta suma se obtuvo, según la Fiscalía, por un préstamo que Pinilla pidió a una persona de su confianza.

Presuntamente este dinero habría sido entregado “conforme con las instrucciones entregadas por Carlos Ramón González, quien para el momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”.

También acordaron con Pinilla dirigir los contratos y órdenes de proveeduría de alquiler de carrotanques, incluyendo sus interventorías, a los amigos a cambio de que pagaran coimas.

La fiscal resaltó que López gestionó con Barreto y “su jefe político, César Manrique Soacha, el traslado de 100 mil millones de pesos que la Ungrd tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras. Y en contraprestación, Olmedo López permitiría que direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas”.

Fiscalía solicita medida de aseguramiento

La representante de la Fiscalía le solicitó al juez que los tres imputados vayan a prisión preventiva, mientras se mantiene la investigación en el caso de corrupción, para evitar cualquier “oportunidad de manipular las pruebas existentes en su contra” que obstruya la labor de la justicia.

La urgencia de la imposición de la medida de aseguramiento requerida surge en el caso concreto de la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas.

Para salvaguardar la seguridad de los implicados durante el desarrollo del proceso, la funcionaria pidió que la medida privativa de la libertad se ejecute en una guarnición militar.

Al finalizar la audiencia en la que se escuchó a la Fiscalía, la defensa y el representante de las víctimas, Pablo Bustos, quien respaldo la medida preventiva en la guarnición militar.

Enumerados los delitos cometidos por los tres imputados, el magistrado aplazó la audiencia para el sábado 31 de agosto para las 8:00 a.m., con el fin de dar continuidad al proceso.