¿Por qué no creer que el turismo pueda sustituir una economía minero-energética?
La crisis climática que hoy amenaza a la humanidad ha puesto en primer plano la discusión sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo turístico que contribuya de manera más efectiva a la sostenibilidad y al progreso humano.
Gobiernos, empresas y población civil se preguntan cómo prevenir y mitigar los impactos negativos del cambio climático, así como lograr la inclusión social y territorial en una industria que integra y depende de varios sectores de la economía.
Cuando Colombia se cuestiona sobre sus formas de gestionar y promover el turismo, se encuentra con una gran contradicción: las áreas de gran potencial para este sector se encuentran en los departamentos de menor desarrollo.
Un ejemplo de ello son las asimetrías regionales que inciden en la construcción de capacidades y la sostenibilidad del turismo. Para 2021 el índice de pobreza monetaria fue superior al 63 % en Chocó y La Guajira, e inferior al 28 % en Cundinamarca y Caldas. El índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al 65 % en Chocó, Vichada y Vaupés, e inferior al 6 % en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca.
En contraste, el país cuenta con 1,5 millones de hectáreas con vocación turística, de las cuales 7 son zonas de reserva campesina, 206 territorios colectivos titulados y más de 700 resguardos indígenas. Esto plantea oportunidades para la planificación del territorio y desarrollo productivo a través del turismo.
No obstante esas ventajas competitivas de biodiversidad, naturaleza, pluriculturalidad y conocimientos ancestrales, entre otros atributos que nos hacen un destino único, persisten desigualdades sociales y económicas. Se requiere una visión integral del territorio que derribe esas barreras en un país con el 85 % de la demanda de viajeros concentrada en 5 ciudades principales y donde se debe garantizar que más colombianos puedan ejercer su derecho a la recreación y al tiempo libre, a través del turismo.
En consecuencia, gran parte de la cadena de valor del turismo surge dentro de la economía popular como una respuesta ante la exclusión generada por modelos que, precisamente, extraían y no construían en conjunto con las comunidades desde una visión intercultural.
Las empresas turísticas son en su mayoría pequeñas y medianas, resultado de emprendimientos familiares y formas de asociatividad comunitaria.
Hemos desconocido los alcances, forma de participación y vinculación de la población a las cadenas de valor del sector. Quienes hacen parte de estas economías no se encuentran en relación de dependencia con algún empleador, por tanto, no son reconocidos por el Estado como trabajadores y carecen de derechos sociales asociados a su trabajo. En 2022 el sector turístico presentó un 75 % de informalidad.
Estas formas de empleo no convencional representan desafíos relacionados con la promoción del trabajo decente, la producción sostenible y el turismo socialmente responsable. Pero estas brechas son también una oportunidad sin precedentes para transformar la relación del turismo con el desarrollo a escala humana.
Por eso nos hemos comprometido con el apoyo y la generación de 500 unidades productivas vinculadas a la cadena de valor, 300 territorios del país incorporados a estrategias de desarrollo turístico, 250 proyectos turísticos comunitarios implementados y un escenario deseado donde 12 millones de extranjeros nos habrán visitado al final del cuatrienio, generando 300.000 empleos directos.
¿Por qué no podemos creer que el turismo pueda ser la base de la sustitución de una economía minero-energética, a través de algo que nos emociona a todos?
Queremos recuperar la esperanza y creer en el futuro del país. No somos profetas del desastre, creemos que otro mundo es posible a partir de la premisa de que un buen lugar para vivir es un buen lugar para visitar.
**Germán Umaña Mendoza
Ministro de Comercio, Industria y Turismo