Sicariatos en Bogotá encienden alarmas: Concejo exige acciones urgentes

La creciente ola de homicidios y hurtos en la capital desata preocupación política y ciudadana. En menos de una semana se registraron dos asesinatos, mientras persisten fallas en proyectos clave de seguridad.

El aumento de los sicariatos y hechos de inseguridad en Bogotá volvió a encender las alertas en el Concejo de la ciudad. Tras dos asesinatos ocurridos en menos de una semana, el concejal Leandro Castellanos urgió a la Alcaldía y a las autoridades a tomar medidas inmediatas para frenar la criminalidad.

Los recientes hechos incluyen un atentado sicarial en la localidad de Usaquén y el homicidio de un trabajador del Acueducto durante un asalto en el sector de El Salitre, situaciones que han incrementado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

“Bogotá no puede seguir normalizando que maten a la gente en la calle como si nada. Hoy los criminales actúan con total tranquilidad mientras los ciudadanos viven con miedo”, afirmó Castellanos, quien rechazó la falta de resultados contundentes frente a estos delitos.

El cabildante también cuestionó el estado de un contrato por 14.000 millones de pesos destinado a fortalecer la videovigilancia en la ciudad. Según denunció, el proyecto contemplaba la instalación de 200 cámaras de seguridad, pero solo una parte de estos dispositivos estaría en funcionamiento.

El contrato, que actualmente es objeto de investigación por presuntas irregularidades, ha enfrentado retrasos, suspensiones y múltiples prórrogas, lo que ha impedido consolidar un sistema efectivo de monitoreo en zonas críticas de la capital.

“¿Dónde están las cámaras que le prometieron a Bogotá? ¿Cómo es posible que en medio de la ola de violencia, los proyectos de seguridad estén atrasados y bajo investigación?”, cuestionó el concejal.

Finalmente, Castellanos hizo un llamado urgente a la administración distrital y a la Secretaría de Seguridad para que presenten resultados concretos y garanticen la correcta ejecución de los recursos públicos destinados a la protección de la ciudadanía.

“Bogotá no puede seguir esperando. La seguridad de los ciudadanos no admite más excusas”, concluyó.