Un favor devuelto: el arancel de Noboa como arma electoral contra Colombia

Por Henry Barbosa

El arancel del 30 % impuesto por el gobierno de Daniel Noboa a productos colombianos no es una decisión comercial ni una respuesta diplomática: es una operación política. Fría, calculada y con un objetivo claro fuera de Ecuador. Lo que está en juego no es la balanza comercial, sino el tablero electoral colombiano de 2026.

Presentar la medida como una reacción a la inseguridad fronteriza o al caso Jorge Glas es una coartada. La verdadera lógica es otra: el pago de una deuda política entre derechas que se protegen, se apoyan y se devuelven favores cuando el calendario electoral lo exige.

El antecedente es incómodo y por eso se evita recordarlo. En 2021, durante la segunda vuelta presidencial ecuatoriana, el gobierno de Iván Duque intervino de facto en el proceso electoral vecino. Su ministro de Defensa, Diego Molano, habló desde la frontera de supuestas infiltraciones de disidencias de las FARC y del ELN para favorecer al candidato de izquierda, Andrés Arauz. No presentó pruebas. No hacía falta. El objetivo era sembrar miedo.

Aquella injerencia fue denunciada oficialmente por Ecuador, rechazada por su autoridad electoral y señalada como una maniobra burda para inclinar la balanza a favor de Guillermo Lasso. Funcionó. El discurso de “seguridad” y “amenaza terrorista” reforzó el voto conservador. Daniel Noboa no es un actor externo a esa historia: es el heredero político directo de ese proyecto.

Hoy el ciclo se invierte. Con Colombia entrando en fase preelectoral, Noboa mueve ficha. Dirigentes del Centro Democrático —la derecha dura colombiana— visitan Ecuador mientras se recalienta la tensión bilateral. No son visitas diplomáticas: son alineamientos políticos. Y en ese contexto aparece el arancel, una medida diseñada para producir impacto económico, ruido mediático y desgaste político en Bogotá.

El objetivo es evidente. Golpear la percepción de la gestión de Gustavo Petro, alimentar la narrativa de crisis, aislar al gobierno colombiano en la región y ofrecer munición discursiva a la oposición. No importa el costo para exportadores, importadores o consumidores: el daño colateral es parte del diseño.

La exigencia de Petro por la liberación de Jorge Glas fue solo el pretexto. Un detonante conveniente para ejecutar una decisión ya tomada. Noboa necesitaba un argumento de “soberanía” para justificar una agresión económica que, en realidad, responde a una lógica ideológica y electoral.

Así, una jugada de realpolitik se disfraza de defensa nacional. El conflicto se reencuadra como orden interno, seguridad y autoridad. El libreto clásico de la derecha regional.

El arancel no es una represalia: es una inversión política. Un mensaje a los aliados, una señal a los adversarios y una advertencia a los gobiernos progresistas de la región. Las derechas no solo se coordinan en discursos: usan el comercio, la diplomacia y la economía como armas electorales transnacionales.

El verdadero escenario no está en la frontera colombo-ecuatoriana, sino en las urnas colombianas de 2026. Allí es donde Noboa juega. Allí es donde devuelve el favor que su bloque ideológico recibió en 2021.

Cuando la economía se usa para intervenir elecciones ajenas, ya no estamos ante un conflicto comercial. Estamos ante una forma abierta de injerencia política regional. Y esta vez, no viene camuflada: viene con arancel.