Gobernadores de extrema derecha se rebelan contra impuestos de la Emergencia Económica en plena campaña política

Diecisiete mandatarios departamentales, en su mayoría de partidos de derecha y cercanos al uribismo, anunciaron que no aplicarán los nuevos tributos y promoverán acciones judiciales contra el decreto. El Ministerio de Hacienda los citó a una mesa de trabajo para explicar el alcance de las medidas.

En una decisión que se da en medio del actual ambiente preelectoral, 17 de los 32 gobernadores del país —pertenecientes en su mayoría a partidos de derecha hoy en abierta campaña con candidatos de línea uribista— anunciaron que no aplicarán en sus departamentos los impuestos creados al amparo de la Emergencia Económica y Social y que interpondrán acciones judiciales contra el Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025.

La postura fue adoptada tras una reunión extraordinaria realizada en la sede de la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que los mandatarios expresaron “de manera unificada” su rechazo a las medidas tributarias, al considerar que afectan la autonomía fiscal y la gobernanza territorial. Sin embargo, el anuncio se produce en un contexto político clave: varios de los gobernadores que lideran la rebelión pertenecen a colectividades que hoy hacen oposición directa al Gobierno del presidente Gustavo Petro y que ya se encuentran activas en la disputa electoral con aspirantes presidenciales y regionales de orientación uribista y de derecha.

Los gobernadores indicaron que estudian con carácter urgente el instrumento jurídico para frenar la aplicación del decreto, en particular el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, mientras la Corte Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad del estado de emergencia declarado mediante el Decreto 1390 de 2025.

En un acto de abierta desobediencia institucional, los mandatarios anunciaron que no aplicarán los ajustes al impuesto al consumo de licores, cigarrillos y juegos de azar, tributos que históricamente han sido sensibles en las regiones y que ahora se convierten en un eje de confrontación política entre los gobiernos departamentales de derecha y el Ejecutivo nacional.

Para llevar su postura ante la Corte Constitucional, los gobernadores conformaron una comisión representativa y designaron como voceros a figuras con claro perfil opositor al Gobierno: Adriana Magali Matiz (Tolima, Partido Conservador), Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca, Partido de La U), Andrés Julián Rendón (Antioquia, Centro Democrático), Luis Francisco Ruiz (Caquetá, Cambio Radical) y Erasmo Zuleta (Córdoba, Partido de La U), presidente de la FND. A esta posición se sumó el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, elegido por el Pacto Histórico, pero hoy alineado con sectores políticos cercanos al uribismo.

La confrontación escaló luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, calificara la postura de los mandatarios como un “mal ejemplo” y advirtiera que el desacato podría constituir usurpación de funciones de la Corte Constitucional e incluso prevaricato. En respuesta, los gobernadores exigieron respeto por la institucionalidad departamental y señalaron que su actuación busca “defender la Constitución”, en un discurso que coincide con la narrativa de los sectores de derecha que hoy se oponen a las reformas y decisiones del Ejecutivo.

Entre los gobernadores que respaldan la iniciativa figuran Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico, Partido Liberal); Nubia Carolina Córdoba Curi (Chocó, Partido Liberal); Juan Diego Patiño Ochoa (Risaralda, Partido Liberal); Rafaela Cortés Zambrano (Meta, Centro Democrático); Óscar Enrique Sánchez Guerrero (Amazonas, Pacto Histórico); Arnulfo Rivera Naranjo (Guainía, Partido Liberal); Rodrigo Villaba Mosquera (Huila, Partido Liberal); Jhon Gabriel Molina Acosta (Putumayo, Partido Conservador); Nicolás Gallardo Vásquez (San Andrés y Providencia, Partido Liberal); Henry Gutiérrez Ángel (Caldas, Partido de La U) y Juan Miguel Galvis Bedoya (Quindío, Partido Liberal).

Gobierno responde y llama al diálogo

Frente a la ofensiva política y jurídica de los gobernadores, el Gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a una mesa de trabajo para el próximo lunes 19 de enero, con el fin de explicar los alcances del Decreto 1474 de 2025. La invitación fue formalizada mediante un comunicado conjunto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El Ejecutivo sostiene que las medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Económica no afectan negativamente las finanzas territoriales y que, por el contrario, respetan el recaudo y la administración de los impuestos por parte de los departamentos, mantienen la destinación específica de los recursos para salud, educación y deporte, y garantizan la sostenibilidad fiscal regional.

Además, el Gobierno citó un estudio del Banco Mundial (Impuestos sanitarios en Colombia, septiembre de 2025), según el cual el incremento previsto en el decreto no tendría un impacto adverso en las rentas departamentales.

Mientras se instala la mesa de diálogo, la controversia deja en evidencia que el pulso por los impuestos de la Emergencia Económica trasciende lo fiscal y se inscribe de lleno en la disputa política entre el Gobierno nacional y los sectores de extrema derecha que ya se mueven en clave electoral.