Desclasificación del DAS: 57.000 cajas de archivos de inteligencia quedan abiertas al público

Entró en vigencia el decreto que levanta la reserva de los archivos del extinto DAS. La medida, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, busca garantizar verdad, justicia y memoria histórica para las víctimas de persecución estatal.

Entró oficialmente en vigencia la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Se trata de más de 57.000 cajas de documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados que, a partir de ahora, podrán ser consultadas como parte de los procesos judiciales en curso y de la reconstrucción de la memoria institucional del país.

La decisión quedó formalizada mediante el decreto 1400 ​del 22 de diciembre de 2025​, expedido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en cumplimiento de la directriz trazada por el presidente Gustavo Petro el pasado 17 de octubre, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado a favor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

En esa ocasión, el mandatario fue enfático al señalar que su Gobierno no concluiría su mandato “sin que haya una política de desclasificación de archivos, que tiene que ver con la verdad”, en referencia directa a los documentos producidos por los organismos de inteligencia del Estado durante décadas de conflicto y persecución política.

Mandato judicial y derecho a la verdad

El decreto ordena levantar la reserva documental en cumplimiento de mandatos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), orientadas al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición.

Desde el punto de vista jurídico, el presidente de la República cuenta con la facultad de autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia y contrainteligencia en cualquier momento, incluso antes de que se cumpla el término legal de reserva de 30 años. Esta potestad está consagrada en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, que constituye la base normativa del Decreto 1400.

Más allá del DAS: una política integral

El jefe de Estado también había anticipado que esta política no se limitaría al extinto DAS, liquidado en 2011 tras múltiples escándalos de espionaje ilegal. “La próxima entidad en desclasificar sus archivos, con los requisitos de cuidado de norma y de ley, se llama DIPOL”, afirmó Petro, en referencia a la Dirección de Inteligencia Policial.

Con ello, el Gobierno busca dejar establecida una política integral y permanente de desclasificación de archivos, articulada con el derecho a la verdad, la justicia transicional y la memoria histórica.

Memoria, justicia y no repetición

Según el Ejecutivo, el levantamiento de la reserva responde al interés general, siempre que no comprometa la seguridad nacional ni el régimen democrático. El acceso a estos documentos es considerado clave para avanzar en investigaciones judiciales, esclarecer patrones de persecución estatal y transformar un legado oscuro de la inteligencia colombiana en una herramienta al servicio de la justicia.

Para las organizaciones de derechos humanos y las víctimas, la apertura de estos archivos representa un paso decisivo para conocer la verdad sobre seguimientos, montajes judiciales y operaciones ilegales, y para cerrar uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente del Estado colombiano.