Condenan a José Miguel Narváez a 28 años de prisión por secuestro de Piedad Córdoba y vínculos con paramilitarismo

Un juzgado de Medellín condenó a José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto DAS, a 28 años de prisión por su papel en el secuestro extorsivo de la senadora Piedad Córdoba en 1999. La sentencia también ordena investigar al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano Santiago por su presunta implicación en asesinatos de defensores de derechos humanos.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín dictó el pasado 6 de octubre una condena de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el gobierno de Álvaro Uribe, por ser el determinador del secuestro extorsivo de la senadora Piedad Córdoba en 1999. Además, la jueza Claudia Castro lo inhabilitó por 20 años para ejercer funciones públicas.

Según la decisión judicial, Narváez instigó directamente el plagio y coordinó la acción con agentes del DAS y el paramilitar Carlos Castaño para consumar el delito.

La sentencia no se limita a Narváez, sino que ordena investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago por su presunta responsabilidad en los asesinatos de los defensores de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle en 1998.

Entre las pruebas clave se incluye la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien en 2008 reveló los supuestos nexos entre los hermanos Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Villalba relató una reunión realizada en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo (Valle del Cauca), donde —según su testimonio— estaban presentes Álvaro Uribe, entonces gobernador, su hermano Santiago, altos mandos militares y jefes paramilitares como Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, alias Monoleche, entre otros.

En la reunión, Villalba afirmó que se elaboró una lista de personas a asesinar por denunciar vínculos entre militares y paramilitares, entre ellas Umaña Mendoza, Valle y el periodista Jaime Garzón. También mencionó funcionarios de la Fiscalía y del CTI que investigaban la masacre de El Aro y que posteriormente fueron asesinados.

Francisco Enrique Villalba denunció haber sufrido presiones para retractarse de su declaración. Por su parte, el expresidente Uribe rechazó las acusaciones y la orden de investigación en su contra y la de su hermano.

La condena se suma al historial delictivo de Narváez, vinculado al paramilitarismo:

• Asesinato de Jaime Garzón: En 2018 fue condenado a 30 años como autor intelectual del homicidio del periodista, ocurrido el 13 de agosto de 1999.

• Tortura a Claudia Julieta Duque: En 2024 recibió 12 años y 6 meses de prisión por persecución, amenazas y tortura psicológica contra la periodista que investigaba el crimen de Garzón.

• Seguimientos ilegales desde el DAS: En 2016 fue condenado a ocho años por ordenar seguimientos ilegales a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos mediante el grupo ilegal G3.

• Interceptaciones ilegales “Las Chuzadas”: Se entregó a la justicia en 2009, aunque su condena fue anulada por vencimiento de términos.

Narváez también se desempeñó como profesor de guerra política e inteligencia en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y asesor de altos mandos militares. Durante el gobierno de Uribe, fue nombrado subdirector del DAS en 2005, desde donde ideó y dirigió estructuras ilegales de persecución e interceptación.

Asimismo, trabajó como asesor de Fondelibertad y de Fedegán, reforzando su vinculación con los centros de poder y la inteligencia militar.

La condena representa un nuevo capítulo en la lucha judicial contra las redes de paramilitarismo y corrupción en Colombia, mientras se abre una investigación que podría involucrar a importantes figuras del país.