Un abogado, una oficina junto al juzgado, y nada más

Por Andrew Barbosa Salamanca, exclusivo para BOGOTA ILUSTRADA.

Un amigo egresado reciente, comprometido con su comunidad y sin apellidos influyentes, asistió hace años a una charla titulada “Cómo montar tu propio estudio jurídico”, organizada por una universidad privada en Bogotá. El cartel prometía herramientas prácticas para construir una firma desde cero. Volvió animado. Hablaba de modelos de negocio, redes de contacto, tarifas por hora y marketing digital. Iba a fundar su estudio en La Dorada, su pueblo natal. Diseñó un logo, abrió un perfil en redes, pidió prestado un escritorio y colgó un cartel en una pequeña oficina junto al Palacio de Justicia municipal. Era un local angosto, de cortina metálica, que hasta hace poco había funcionado como papelería.

Pasaron los meses. Atendió algunas consultas gratuitas, acompañó diligencias ajenas, redactó demandas que otros ya habían firmado. El teléfono apenas sonaba. Con el tiempo, tuvo que aceptar un contrato de prestación de servicios en una oficina jurídica de otro municipio. La firma nunca despegó. No por falta de voluntad, sino por exceso de realidad.

Recordé su historia al ver, por enésima vez, citado como mantra el libro “How to Start and Build a Law Practice” de Jay Foonberg. Lo llaman “la guía definitiva”, “el clásico de los clásicos”, “la biblia del abogado independiente”. Lo mencionan como si fuera la llave mágica para abrir un estudio exitoso. Pero nadie dice que Foonberg escribió su primera edición en 1970, en los Estados Unidos, en un contexto legal, económico y racial radicalmente distinto al de cualquier joven abogado en el sur del río Magdalena.

Lo que se hereda y lo que no

En Colombia, abrir un bufete no es un acto de voluntad ni de lectura. La abogacía es, con frecuencia, una de las profesiones más clasistas que existen. Hay quienes heredan estudios consolidados, redes de clientes, contactos notariales, un apellido que abre puertas, un pariente en la magistratura, o al menos un padrino en la rama judicial. Pero hay otros muchos más que no heredan nada.

No venían de tradición jurídica ni de estudios con décadas de prestigio. Llegaron con lo justo: un título bajo el brazo y la urgencia de abrirse paso. No sabían a quién acudir, ni qué hacer después del diploma. Aprendieron lo esencial sin manuales: a moverse entre ventanillas, a esperar fallos que no llegaban, a escribir como se aprende a nadar, sin salvavidas. Muchos estudiaban mientras trabajaban, otros crecieron entre libros prestados y causas propias. Se acostumbraron a caminar sin atajos, sin padrinos, sin apellidos que hicieran sonar los teléfonos.

No sabían mucho al principio. Pero sabían una cosa: no querían repetir la historia. Y eso, esa hambre, no aparece en los índices de los bestsellers sobre cómo montar una firma.

Unos hablaban de “clientes heredados”; ellos, de cuentas por pagar. Algunos ensayaban firmas en membretes familiares; otros buscaban dónde imprimir su primera tarjeta. Los había que afinaban su inglés jurídico para postular a estudios internacionales; los había también que repasaban notas de sentencias en el bus camino al juzgado. En redes, unos compartían artículos sobre liderazgo y networking; en las salas de espera, otros aprendían a redactar incidentes de nulidad. Para unos, litigar era un riesgo reputacional; para otros, una necesidad diaria. Lo que unos evitaban por cálculo, otros lo asumían por urgencia: audiencias a última hora, contratos sin póliza, asesorías pagadas con un almuerzo.

A veces, incluso quienes vivieron esa historia en carne propia terminan por olvidarla. Un ex funcionario judicial conocido, formado en provincia, sin cuna ni escudo, forjado a pulso, me comentaba en voz baja que, a su juicio, los egresados de universidades privadas encajaban mejor en los perfiles que buscaban los bufetes elitistas. No hablaba de talento ni de esfuerzo, sino de imagen, de “presentación”, de códigos compartidos. Lo decía sin aspavientos, como si repitiera una lógica impersonal de mercado, sin reparar en la paradoja: que alguien que se hizo solo ahora diera por sentado que otros no podrían hacerlo. A veces, la meritocracia dura lo que tarda en llegar la tarjeta con relieve y membrete.

La fantasía del abogado-emprendedor

Detrás de estas guías hay un mito seductor: el abogado como emprendedor, dueño de su tiempo, capaz de monetizar su “marca personal” si tan solo sigue los pasos correctos. Se citan libros sobre contenido digital, seguros de mala praxis, estructuras societarias y estrategias de marketing basadas en objetivos “atemorizantes”. Se repite el evangelio de la autenticidad y la diferenciación. Y sí, hay cosas útiles ahí. Pero también hay una trampa: la idea de que basta con voluntad y estrategia para tener éxito, como si la desigualdad no existiera.

Lo que esas guías no dicen es que la mayoría de egresados de Derecho en Colombia no tienen capital de arranque ni una red de exalumnos con cargos estratégicos. Vuelven a sus pueblos con un cartón enmarcado y la esperanza de ayudar, solo para enfrentarse con una realidad: que sin padrinos, sin contratos estatales, sin familiar en la rama judicial, no hay bufete que aguante.

No hay capítulo en Content Inc. que prepare a un abogado para que el juez lo tutee, lo ignore o le diga que “vaya y estudie”. Ninguna guía de emprendimiento jurídico le enseña cómo lidiar con la dependencia clientelar de las oficinas públicas, ni con la costumbre de regalar asesorías “por confianza”. Ninguna fórmula de “marca personal” le garantiza que un policía lo respete más por ser abogado. En esos márgenes, donde la dignidad profesional se negocia a diario, no llegan los libros, ni las charlas de networking.

 ¿Qué práctica jurídica estamos imaginando?

Foonberg no escribió para ellos. Tampoco lo hicieron Pam Slim, Joe Pulizzi ni Ari Kaplan. Sus consejos pueden ser útiles para un mercado de servicios legales estructurado, dinámico y con garantías institucionales. Pero no funcionan igual en un contexto en el que ser abogado no basta para que te respeten, donde el título no tiene peso si no va acompañado de influencias, o donde la línea entre el litigio y la supervivencia es cada vez más delgada.

Esto no significa que haya que renunciar al sueño de una práctica autónoma. Pero ese sueño no se construye a punta de libros, ni de eslóganes sobre “branding jurídico”. Requiere pensar de forma colectiva, inventar otras formas de ejercer. Tal vez no replicar el modelo boutique de estudio privado, sino tejer redes solidarias, montar consultorios jurídicos itinerantes, volver al derecho útil para los que no pueden pagar tarifas, ni entienden los tecnicismos, ni tienen tiempo para leer sus propias escrituras.

Porque mientras algunos inauguran oficinas con aplausos, como quien corta una cinta, otros apenas consiguen un escritorio y algo de tiempo. De eso no tratan los libros que recomiendan emprender.

Mi amigo,  el mismo que colgó el cartel junto a los juzgados y terminó aceptando un contrato en otro municipio, no se rindió. Hace unos meses, volvió a La Dorada. Reabrió su oficina, igual de modesta, pero ahora más suya. Ya no espera fórmulas ni recetas. Atiende a quienes llegan sin cita, cobra cuando puede, escucha más de lo que habla. No tiene socios, ni apellidos, ni silla ergonómica. Pero tiene algo más difícil de conseguir: la convicción de que ejercer el derecho también puede ser un acto de resistencia.

No fundó una firma. Fundó un lugar donde aún se cree que la justicia puede comenzar con una conversación sin cobrar.