Informe sobre una masacre: cuando el dolor cabe en un folio

Por Andrew Barbosa Salamanca, exclusivo para BOGOTA ILUSTRADA.

El expediente judicial, incluso en su forma electrónica, sigue siendo más que un conjunto de documentos, es una forma de narrar. Un género literario que no solo organiza hechos, sino que también produce silencios. Tiene su propia estética: voz pasiva, tecnicismos, repeticiones, fragmentos que se acumulan sin que nada cambie. Como si el conflicto pudiera disolverse en trámite. La digitalización no lo ha vuelto más transparente, solo más inmediato. El expediente ya no pesa en una caja ni se acumula en anaqueles, pero conserva el mismo tono impersonal que transforma el dolor en tipificación.

Franz Kafka lo vio con claridad en El proceso. El expediente no busca la verdad, sino que reemplaza la vida por papeles en la burocracia. En nuestro país, esa lógica se repite todos los días. En los juzgados, en las fiscalías, en las oficinas donde se diligencian autos, memoriales y conceptos que, más que contar una historia, la borran.

Yo lo entendí de golpe, con el cuerpo, cuando leí por primera vez una masacre en papel. Era 2006. La Ley de Justicia y Paz acababa de entrar en vigencia y varias firmas de abogados prestigiosas en Bogotá comenzaron a representar a jefes paramilitares desmovilizados. Una de ellas, con vínculos académicos en la universidad donde yo estudiaba, buscaba estudiantes de último año para colaborar en el análisis de expedientes y preparación de versiones libres. Recibí el mensaje por correo. Me postulé. Me aceptaron.

El encargo era claro: reconstruir el prontuario judicial de los cabecillas postulados al proceso. Revisar fallos, rastrear procesos dispersos, organizar cronologías, contrastar hechos con las versiones que ellos estaban dispuestos a reconocer. Se trataba de producir narrativa jurídica funcional. Lo llamaban trabajo técnico. Yo, sin experiencia, lo asumí con obediencia.

En el bufete, los expedientes se repartían por sorteo. Nos hacían pasar a una sala cerrada, con la luz blanca del techo encendida a cualquier hora del día. Una asistente leía los nombres como si repartiera turnos en una sala de espera. Nadie decía nada. Era un procedimiento discreto, casi ceremonial, que pretendía ser justo por el solo hecho de ser ciego. Así me entregaron una copia fiel del expediente de El Salado. Un archivador grueso, sin marcas visibles, con una cinta de tela que lo mantenía cerrado. Sabía que había sido una masacre brutal. Pero nada se comparaba con leerlo en detalle. Página tras página de necropsias, testimonios, fotografías, actas forenses. Asesinatos públicos, torturas con machete, ejecuciones al ritmo de un acordeón desafinado. Todo cuidadosamente descrito, fechado, numerado.

El expediente no gritaba, enumeraba. No lloraba, clasificaba. Una padre degollado frente a sus hijos era calificado como “hecho relevante”. El desplazamiento masivo de cientos de personas se anotaba como “efecto derivado del accionar armado”. La ausencia del Estado figuraba apenas como una “falla de articulación institucional”.

Lo insoportable no fue solo lo que había pasado. Fue cómo se narraba. Cómo el horror se convertía en trámite. Cómo el dolor se exprimía hasta volverse tipificación. Había algo profundamente perturbador en esa neutralidad con membrete.

En el entorno de la firma, la urgencia no era ética, era productiva. Cumplir con las entregas. Blindar jurídicamente las versiones. Elegir los hechos “reconocibles”, acomodar la narrativa. Nadie hablaba de dilemas. Solo de eficacia. En las reuniones, cuando intentaba señalar la crueldad de ciertos hechos o detenerme en el sufrimiento de las víctimas, simplemente me ignoraban. Cambiaban de tema, pasaban al siguiente caso. Como si eso no contara. Como si hablar demasiado de lo que dolía fuera una falta de profesionalismo.

Renuncié poco después. Me fui sin diploma aún, sin claridad, sin saber del todo qué haría después, pero con una certeza que no se ha borrado, pues el derecho, cuando se vacía de todo salvo de su técnica, deja de ser lenguaje de justicia y se convierte en trámite. Y yo no quería ser parte de eso.

Más adelante trabajé en la Unidad de Restitución de Tierras. Y fue allí, recorriendo veredas en Urabá y escuchando directamente a las víctimas, donde algo cambió. No era una cuestión de posición moral, sino de experiencia. De pronto, las palabras del expediente —esas mismas frases secas, esos hechos numerados— adquirían otro peso. Lo que antes parecía lenguaje técnico se volvía cercano, cargado de una gravedad que antes no veía. Entendí entonces que el contacto con quienes han vivido lo que el papel registra no cambia los hechos, pero sí la forma de narrarlos.

Porque todo expediente, incluso el más prolijo, es también un relato. No es neutral ni inocente, pues selecciona, ordena, borra. Y en ese gesto construye una versión del mundo. Autores como César Aira y Roberto Bolaño lo entendieron desde la literatura latinoamericana, supieron que la burocracia, cuando narra, lo hace con una voz aséptica, inmutable, capaz de vaciar el sentido de los hechos mientras los describe con minuciosidad técnica.

Aira, en novelas como La prueba o Cómo me hice monja, retrata con ironía cómo los engranajes administrativos absorben cualquier experiencia, incluso las más violentas o absurdas, y la devuelven transformada en trámite. La realidad se vuelve procedimiento. Bolaño, en cambio, no usa la ironía, sino la repetición. En 2666, la acumulación de necropsias, partes forenses y reportes policiales produce una sensación de asfixia. Cada caso se narra con idéntica frialdad, como si el horror ya no sorprendiera.

Y en Colombia, miles de expedientes judiciales hacen lo mismo. Relatan masacres, desplazamientos, omisiones estatales, pero sin conmoción. Sin temblor. Como si el país pudiera narrarse sin duelo. Como si todo fuera apenas una serie de hechos registrados, clasificados, foliados. Como si nada fuera personal.

A veces me pregunto por quienes tramitaron antes esos folios. Los que redactaron, sellaron, despacharon. ¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? Entonces recuerdo a Hannah Arendt y su noción de la banalidad del mal. Ese horror que no necesita odio, solo indiferencia. Un sistema donde basta con seguir el procedimiento para ser parte del daño.

También pienso en lo que Sara Ahmed plantea en ¡Denuncia!, cómo la institución escucha la queja solo para vaciarla, para devolverla convertida en trámite. El expediente judicial hace algo parecido. Toma una queja, a veces un grito, y la encuadra en un lenguaje que no tiembla. Recoge el horror, pero lo dobla, lo archiva, lo vuelve parte del procedimiento. Como ha mostrado Ahmed, no se trata solo de registrar lo ocurrido, sino de establecer cómo debe sentirse. El expediente no solo organiza hechos, define los límites del dolor narrable, decide qué cuerpos merecen ser oídos y qué emociones deben quedar fuera.

Por eso insisto en leer los expedientes con sospecha. No para descartarlos, sino para entender sus límites. Para recordar que detrás de cada folio hay una vida. Y que si el derecho no es capaz de narrarla con dignidad, entonces está fracasando, aunque parezca que funciona.

Y sin embargo, a veces regreso mentalmente a esa sala blanca del bufete, el archivador cerrado con cinta, al primer día que abrí el expediente de El Salado. Recuerdo el silencio espeso, la respiración contenida, la sensación de estar leyendo algo que no debía ser leído así: sin temblor, sin pausa, sin duelo. Recuerdo cómo pasaba las páginas intentando entender si lo que dolía era lo que contaban, o cómo lo contaban. Y entiendo ahora que fue allí donde empezó todo. No mi carrera, sino una fisura interior que me haría tomar distancia. Porque una vez que se ha leído el horror en voz técnica, uno ya no puede volver a fingir que el expediente es solo papel.

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