Gobierno, altos funcionarios y congresistas firman acuerdo nacional por el respeto y contra la polarización en el país

Casa Episcopal fue escenario de un histórico encuentro impulsado por la Iglesia Católica para rechazar la violencia y desescalar el lenguaje político.

En medio de la creciente polarización y la alarmante ola de violencia que atraviesa Colombia, este lunes se llevó a cabo un encuentro nacional convocado por la Iglesia Católica en la Casa Episcopal. La reunión, motivada por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay —quien continúa en estado crítico—, concluyó con la firma de un acuerdo nacional que llama a “desarmar la palabra” y promover el respeto mutuo.

El acuerdo, suscrito por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, busca frenar la escalada de agresividad en el debate público y recuperar el camino del diálogo democrático. “Nos comprometemos juntos a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad”, señala el primer punto del documento firmado.

Entre los asistentes estuvieron el presidente Gustavo Petro; el senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso; el representante Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara; así como los magistrados Jorge Enrique Ibáñez (Corte Constitucional), Octavio Tejeiro (Corte Suprema) y Luis Alberto Álvarez (Consejo de Estado). Durante un almuerzo de trabajo, los asistentes discutieron el contenido del acuerdo, orientado a construir un mensaje de paz, reconciliación y respeto por la diferencia.

El llamado de la Iglesia a “armonizar la palabra” llega en un momento crítico, marcado por atentados en Bogotá, Cali, el Valle del Cauca y el Cauca, adjudicados a disidencias de las antiguas Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Ante este panorama, la Iglesia Católica reiteró su compromiso como mediadora y puente entre sectores enfrentados para recuperar la estabilidad democrática.

El documento firmado se convierte en un gesto simbólico y político en defensa de la vida, el respeto y la democracia en Colombia, justo cuando el país exige respuestas ante la violencia política y social que amenaza su convivencia.