La Procuraduría General de la Nación presentó una serie de solicitudes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a raíz del desarrollo de la segunda ronda de priorización de los nuevos macrocasos, que abrirá la Sala de Reconocimiento de Verdad.
El Ministerio Público pidió abrir cuatro episodios del conflicto armado colombiano relacionados con el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los delitos de violencia sexual y la utilización de métodos ilícitos de guerra.
“Lo anterior, de conformidad con el principio de centralidad de las víctimas y con él, las solicitudes realizadas por ellas y por organizaciones de la sociedad civil, así como aquellas formuladas por la PGN, en escritos del 3 de agosto y 22 de noviembre de 2021” se lee en la petición.
Además, en relación con las denuncias sobre la falta de garantías se seguridad para las víctimas, el ente de control solicitó medidas de protección para diez personas que manifestaron tener un riesgo en su vida o integridad.
“Que se articule, en coordinación con otras autoridades y organismos de seguridad del Estado, un proceso de seguimiento e implementación, oportuno e integral, para garantizar que estas medidas de protección tengan una verdadera materialización” manifestaron los procuradores delegados.
Asimismo, la Procuraduría instó a la JEP a brindar medidas cautelares al Cementerio central de Bucaramanga (Santander), al cementerio de Cartago (Valle del Cauca), inmediaciones a los municipios de Lengupá (Boyacá) y Charalá (Santander), lugares donde presuntamente se encuentran cuerpos de personas desaparecidas.
Por otro lado, el órgano de control hizo énfasis en investigar por los nexos entre agentes del Estado y terceros con grupos paramilitares y con las FARC.
“El apoyo en la creación de dichos grupos armados por medio de políticas de silenciamiento, que facilitaron la comisión de delitos por parte de estos; la realización de operaciones encubiertas por parte de funcionarios públicos que tuvieron como propósito favorecer a los grupos paramilitares; y la acción de funcionarios públicos que, simultáneamente, integraron tales grupos armados” señala la solicitud.
Por último, el ente de control le hizo un llamado a la Sala a implementar protocolos de accesibilidad diferencial para víctimas en situación de discapacidad y pueblos étnicos en las diferentes actuaciones que se surtan ante la Justicia Especial para la Paz.