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El caso del humedal Chucua de Fagua en el municipio de Chía

¿Corrupción, negligencia o mala suerte?

La primera alarma se generó cuando un día domingo del mes de septiembre de 2017, llegaron de improviso varias volquetas cargadas con escombros y tierra para rellenar un tramo del cuerpo de agua del llamado “Humedal La Chucua”, en el municipio de Chía.

Ante denuncias de la comunidad se iniciaron una serie de visitas tanto de la CAR como de funcionarios de la Alcaldía de Chía. Curiosamente la Personería Municipal de Chía elaboró un reporte donde citó un documento de la CAR que hacía referencia a la Chucua de Fagua. Informe técnico del 31 de marzo de 2017, que señalaba que: “El vallado de aguas lluvias existente en la vereda de Fagua —sector Guanata del municipio de Chía— no corresponde a una fuente hídrica natural; por lo tanto, cualquier actividad que se realice en su cauce no requiere autorización de esta Corporación”.

Los residentes en el área alarmados mediante derecho de petición solicitaron copia de dicho informe técnico a la CAR, la respuesta fue que no existía en los archivos de la entidad.

Curiosamente este informe que no reposaba en los archivos de la CAR si estaba en poder de quienes realizaban el relleno, y posiblemente por tal razón llegó a manos de la Personería de Chía.

Ante este hecho, la CAR emitió un auto en el que se imponían medidas preventivas para frenar el relleno. Sin embargo, se tardó un mes en emitirlo, lo que permitió a los constructores acelerar el relleno del humedal multiplicando las volquetas y trabajando día y noche para taparlo completamente.

Consternados al descubrir el relleno de la Chucua, la comunidad se organizó para protestar ante la CAR y detener el movimiento de tierra, para esto buscaron la asesoría de expertos ambientalistas como la fundación Alianza por el Agua.

Los expertos contactados por la comunidad y los equipos técnicos de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR, descubrieron que la Chucua —conocida como riachuelo o quebrada— tenía funciones de humedal y, por lo tanto, debía ser protegida.

Uno de las expertas consultadas fue Johanna González, administradora ambiental y habitante de Chía, quien conceptuó que la Chucua nace en los cerros del municipio y baja hasta la vereda de Fagua, donde sus meandros (las curvas de ríos y quebradas) funcionan como humedales. Agregó que en el POT de Chía, aprobado en 2016 (un año antes de que se rellenara la Chucua), se nombraron los tipos de cuerpos que debían ser protegidos, pero no se especificaron cuáles eran, creando un vacío jurídico. Este es el caso de la Chucua de Fagua y de las otras dos que existen en otras veredas de Chía, que no son nombradas ni delimitadas en el POT de 2016.

Un diagnóstico de la estructura ecológica del municipio para la formulación del POT realizada por la Secretaría de Medio Ambiente, en 2017, identificaba plenamente las chucuas de Fagua, Tíquiza y Cajicá. Además, hablaba de ellas como “necesarias para prevenir inundaciones” y se nombraba el decreto 1449 de 1997, que determinó una ronda (es decir, un espacio de protección) de treinta metros para estos cuerpos de agua.

José Vicente Gutiérrez, director de la regional Sabana Centro de la CAR, aseguró al diario El Espectador que la Chucua sí aparece en el inventario de la Corporación como un cuerpo hídrico natural, que tiene funciones de humedal y su ronda debe ser respetada en cualquier plan parcial. Curiosamente el actual alcalde de Chía, Leonardo Donoso, a pesar de todas las evidencias, sigue afirmando que aún no se ha determinado si la Chucua es un humedal, un vallado o un canal de aguas lluvias.

José Antonio Parrado es uno de los líderes políticos que ha defendido la Chucua de Fagua, alega que el caso de la desaparición del humedal es consecuencia de un POT con muchas irregularidades.

Por ello, presentó una demanda de nulidad contra el Plan de Ordenamiento, en nombre de cuarenta líderes del municipio, que ya fue aceptada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá.

Para Parrado, el POT tiene la intención de favorecer principalmente a las constructoras que operan en Chía, lo que propiciaría la construcción de 16.000 a 40.000 unidades de vivienda en las zonas de expansión urbana, un crecimiento que, para él, sería insostenible. La Chucua de Fagua está situada en una de estas zonas de expansión a las que hace referencia Parrado.

Y es que el POT de Chía tiene muchos cuestionamiento, Carlos Hernández, periodista de La Silla Cachaca, encontró evidencias que indican que el POT de Chía fue calcado del POT de Cajicá, ya que 112 de los 193 artículos son idénticos a los del municipio vecino y 39 son similares. Además, el POT de Cajicá también ha sido objeto de denuncias y de oposición por parte de la comunidad. Tanto José Antonio Parrado como otros activistas de la Chucua denuncian que el POT aprobado por unanimidad en el Concejo de Chía no fue el que se había elaborado en conjunto con la comunidad antes de 2016.

Por su parte, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, defiende el Plan de Ordenamiento. Para él es necesario el crecimiento, porque Chía tiene una presión demográfica enorme debido a su cercanía con la capital. “Este nuevo POT busca que el crecimiento de la ciudad sea ordenado”, expresó.

Aseguró que solo a finales del año pasado se presentó un plan parcial en la zona de la Chucua, que busca la recuperación del daño y la protección del cuerpo de agua, y ante la evidencia de la existencia de un plan parcial un año antes de que se rellenara la Chucua, Donoso respondió que ese plan se había suspendido y no fue estudiado.

La CAR señala en sus dos autos sobre la Chucua como dueños del predio y responsables del relleno a Gertie Amaya de Díaz, María Teresa Rodríguez y Garnet SAS. La empresa Garnet SAS está en liquidación, pero antes de eso realizó un proceso de escisión; es decir, realizó una transferencia en bloque de parte de su patrimonio a otra sociedad, llamada paradójicamente Anega SAS.

A pesar de que estos son los dueños mencionados por la CAR, el asunto es más complejo. El 7 de marzo de 2014, el predio donde está la Chucua (llamado Lote 2) se englobó; es decir, se unieron varios terrenos que estaban separados.

Por ahora es difícil determinar quiénes son todos sus dueños, ya que el lote englobado fue constituido en una fiducia mercantil, administrada por Alianza Fiduciaria, el 15 de julio de 2016, diez días antes de que se aprobara el último acuerdo del POT de Chía. Ese lote de 265.000 metros cuadrados corresponde exactamente al área delimitada en el plan parcial número 15.

Esta serie de acciones de los dueños y el cambio en el uso del suelo llevaron a que el valor del predio se triplicara. Para los activistas de la Chucua, esto puede indicar que hubo volteo de tierras. Este fenómeno ha sido denunciado en Cundinamarca por el exsenador Carlos Fernando Galán y sucede cuando el cambio en el uso no obedece a razones técnicas, sino a intereses privados.

Mientras el lío legal se resuelve y se toman acciones reales para la recuperación de la Chucua, la parte no intervenida del humedal se ha llenado de vegetación en descomposición por la falta de movilidad en el agua. Encima de las hojas podridas flota una nube de moscas.

*Esta investigación fue realizada para La Zaga, podcast del diario El Espectador.

Abril 19 de 2019

Escrito por en 20 abril, 2019. Archivado en MEDIO AMBIENTE. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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